Con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Penal Federal para incrementar sanciones por delitos contra el medio ambiente, como la tala ilegal, tráfico de especies protegidas, así como a las empresas que viertan desechos tóxicos a ríos o cuerpos de agua.

En la sesión, donde partidos opositores insistieron en que la reforma debe ir acompañada de presupuesto suficiente para impedir esos delitos, el pleno avaló dos reservas. Una conjunta de todos los grupos parlamentarios, para ampliar las agravantes en los delitos de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo de terrenos forestales, en particular en áreas naturales protegidas (ANP), y en contra de quien falsifique información para obtener registros, constancias o certificados de desempeño ambiental.

La segunda, presentada por el Partido Verde (PVEM), para que, además de las sanciones ya previstas contra el medio ambiente, se aplique una pena adicional de hasta cinco años de prisión para quienes causen la muerte de ejemplares de fauna catalogada en peligro de extinción, amenazada o bajo protección especial, especialmente cuando pase dentro de una ANP.

Incendios intencionales para cambiar uso de suelo

Tras un debate de más de tres horas, el dictamen se aprobó por 460 votos en favor y se envió al Senado para su revisión.

En tribuna, para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno (Morena), señaló que la reforma –que recupera propuestas de todos los partidos– busca atender la “crisis ambiental” que vive el país, generada por incendios provocados intencionalmente para cambiar ilegalmente el uso del suelo, y las descargas clandestinas de sustancias químicas, bioquímicas y aguas residuales en cuerpos de agua.

Resaltó que la reforma incluye el incremento de penas contra los delitos ambientales, ya que actualmente el Código Penal Federal los sanciona con penas de entre uno y nueve años, por lo que el castigo ahora sería de dos a 10 años.

Diana Estefanía Gutiérrez (PAN), enfatizó que “endurecer penas, por supuesto que es necesario, pero no es suficiente”, porque “muchas veces la ley avanza, pero el presupuesto retrocede. Hoy aprobamos sanciones fuertes, pero las instituciones encargadas de aplicarlas siguen debilitadas”.

Jesús Cuanalo Araujo (PVEM) resaltó que, con la reforma “se da un gran paso de unidad”, pero planteó incorporar de manera expresa que la referencia a los cuerpos de agua se refiere a “lagos, lagunas, humedales y barrancas, a fin de evitar que queden sin cobertura legal”. También propuso que se tipifique la destrucción ilegal de los ecosistemas de especies en peligro de extinción. No obstante, el pleno las rechazó.