Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado dictaminarán hoy la minuta para expedir la Ley contra la Extorsión. El proyecto propone aumentar las penas de cárcel, con lo que se modifica lo avalado en la Cámara de Diputados.

En San Lázaro se planteó una sanción mínima de seis años y una máxima de 15 para este delito. Pero en caso de mantener esas penalidades “es posible que personas actualmente sentenciadas y que se encuentran cumpliendo su pena, puedan ser beneficiadas”, subraya el documento en alusión al señalamiento de la oposición de que podrían ser liberados 600 presos que purgan condenas mayores.

Con la finalidad de evitar esa situación, el documento establece aumentar el mínimo propuesto a 15 años de prisión y un máximo de 25.

El proyecto agrega que dichas puniciones no afectan a las personas que actualmente se encuentran cumpliendo un castigo ni a aquellas que enfrentan un proceso por la imputación del tipo penal de extorsión, ya que la aplicación de esta ley regirá sobre las conductas cometidas al inicio de la vigencia de ésta.

Otro de los cambios que presenta el proyecto de dictamen es que las condenas previstas para las conductas agravantes del delito se aplicarán en años y no en fracciones de la pena inicial, con el objetivo de ser claros en el castigo a que se hagan acreedores quienes incurran en dicha infracción.

Incremento de sanciones

Por ejemplo, las penalidades aumentarán de siete a 17 años de prisión cuando en la comisión de la extorsión se utilicen armas de fuego, instrumentos peligrosos, o cuando se afecte de manera directa la economía de alguna comunidad.

En la propuesta avalada por los diputados se planteaban incrementos de la mitad, hasta dos terceras partes de la sanción, cuando se presentaran tales agravantes.

El proyecto de dictamen también modifica el artículo 21 para castigar con 10 a 20 años de prisión al servidor público que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la policía, la comisión de la extorsión. La minuta aprobada por los diputados federales planteaba una penalidad de cinco a 12 años de reclusión.

Asimismo, se propone crear el centro de atención a denuncias por el delito de extorsión, el cual estará adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y tendrá como propósito fortalecer el vínculo con la ciudadanía, así como garantizar la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de las denuncias presentadas a través del número único 089.