En el Senado está listo el proyecto de dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con cambios de fondo, el principal es elevar el tipo penal básico hasta 25 años de cárcel, que podría incrementarse, con las agravantes que se establecen, a 42 años. En este último caso, si el ilícito se comete con violencia o se lleva a cabo desde algún reclusorio.

Con ello se evitará que delincuentes ya sentenciados por extorsión pudieran salir libres, al acogerse a la penalidad de entre seis a 15 años, que establecía la minuta aprobada en la Cámara de Diputados el 29 de octubre pasado.

El documento, que se votará en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, que presiden Javier Corral y Enrique Inzunza, el martes, establece en el artículo 15 de esa ley que: “A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o sicológico, se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

Penas de hasta 42 años

La sanción se eleva con base en más de 40 agravantes. Por ejemplo, una tercera parte más al tipo básico de hasta 25 años si se extorsiona a quien realice actividades comerciales, agrícolas, ganaderas o pesqueras, y a quien imponga a la víctima el precio de sus productos, bienes o servicios. De darse las dos máximas, la pena llega a 33 años.

El uso de la violencia física o moral para exigir el cobro de un daño derivado de un accidente sube la penalidad de la mitad hasta dos terceras partes, se aplica también a encarcelados que extorsionan desde los reclusorios y llegaría hasta 42 años.

Otra modificación fue regresar la sanción de entre 10 y 20 años de prisión establecida en el artículo 21 de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, a los agentes de los ministerios públicos, policías y custodios de penales que no denuncien la realización de ese ilícito y con ello auxilien a los delincuentes.

En la Cámara baja, ese artículo fue modificado para bajar la sanción a funcionarios judiciales y penitenciarios de 12 a seis años, a propuesta del coordinador Ricardo Monreal, y es lo que se corrigió luego de más de dos semanas de análisis y consultas.

La última reunión fue el pasado jueves y asistieron los equipos jurídicos de las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica de la Presidencia, con quienes ultimaron los cambios.

Además, se estableció en el artículo 13 que: “La Fiscalía General de la República, y las Fiscalías o Procuradurías locales contarán con Unidades, agentes del Ministerio Público, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión”.