Chicago. Un juez escuchó ayer testimonios sobre inodoros desbordados, celdas abarrotadas, falta de camas y agua que “sabía a alcantarilla” en un edificio del área de Chicago que sirve de cárcel para arrestados en la batida migratoria del gobierno de Donald Trump.

Personas que estuvieron detenidas en el edificio en Broadview, en la periferia de Chicago, ofrecieron relatos públicos sobre las condiciones insalubres del lugar, mientras el juez federal Robert Gettleman consideró ordenar cambios en un sitio que se ha convertido en foco de protestas y enfrentamientos con agentes federales.

“No quiero que nadie más viva lo que padecí”, declaró Felipe Agustín Zamacona, de 47 años, conductor de Amazon e inmigrante mexicano que ha vivido en Estados Unidos durante décadas.

Zamacona detalló que había 150 personas en una celda de detención. Desesperado por acostarse a dormir, relató que una vez ocupó el lugar de otro hombre que se levantó para usar el inodoro.

¿Y el agua? Zamacona mencionó que intentó beber de un lavabo, pero “sabía a alcantarilla”.

Una demanda presentada la semana pasada acusa al gobierno de negar a los detenidos el acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, y de coaccionarlos para que firmen documentos que no entienden. Sin ese conocimiento y sin comunicación privada con abogados han renunciado inconscientemente a sus derechos y enfrentado la deportación, alega la denuncia.

El juez comenzó la audiencia al mencionar que las acusaciones de la demanda presentada por el Centro MacArthur y la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles de Illinois eran “repugnantes”. La opinión de Gettleman se fue haciendo más dura a medida que avanzaba el día, y enfatizó que las condiciones eran “innecesariamente crueles”.

“La evidencia ha sido bastante fuerte de que esta instalación ya no es sólo un centro de detención temporal. Realmente se ha convertido en una prisión”, señaló el juez.

Pero las personas detenidas allí, manifestó Gettleman, “no son delincuentes convictos. Son detenidos civiles”.

La abogada Jana Brady del Departamento de Justicia reconoció que no hay camas en el edificio de Broadview porque no estaba destinado a ser un sitio de detención a largo plazo.