Santiago. La más reciente expresión del encono y la revancha que dominan la contienda comicial en Chile, donde el 16 de noviembre habrá elecciones presidenciales y legislativas, es el total rechazo de la oposición derechista al presupuesto fiscal 2026, por el equivalente a 90 mil millones de dólares, sin siquiera analizarlo.

En términos reales, la cifra es 1.7 puntos mayor a la de 2025, el menor crecimiento en décadas, pero la oposición alega falta de transparencia, escaso ajuste fiscal y exige la reposición de la “glosa republicana”, recursos de libre disposición para el gobierno que asumirá en marzo.

La derecha quiere recortes al gasto que van desde 6 mil millones de dólares, según el candidato José Antonio Kast, del Partido Republicano, favorito del sector para avanzar a la segunda vuelta, hasta 18 mil millones de dólares, como prometió aplicar el ultraliberal Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, quien pisa los talones a Kast.

“Hoy el presupuesto está rechazado y ahí está el ministro: como que no hubiese pasado nada. La única diferencia hoy es una corbata. O sea, la diferencia de Economía y Hacienda es una linda corbata, nada más, porque no tiene los conocimientos ni la experiencia”, ironizó Kast respecto del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien hasta agosto fue titular de Economía.

Grau, en tanto, atribuyó el rechazo al contexto electoral y dijo confiar en que una vez resueltas las parlamentarias baje la crispación y se retome el debate.

Claramente frustrado, admitió que se trata de “un resultado que defrauda al país” porque “lo que quiere es acuerdos como hemos hecho en distintas materias: pensiones, salario mínimo, 40 horas (laborales semanales)”, pero “lamentablemente, lo que tuvimos hoy no fue eso (…), sino una decisión política, probablemente con una motivación electoral: rechazarlo todo”.

Grau recalcó que hacer un recorte presupuestario “significaría reducir el gasto social; de dónde van a sacar la pensión garantizada universal, otros derechos sociales y el gasto en educación”. La discusión, imposible de momento, se retomará después de las elecciones.

El presupuesto fiscal se rige por año calendario y, en caso de no ser aprobado en el Legislativo antes del 30 de noviembre, el Ejecutivo tiene la facultad de imponerlo por decreto.