Ante la inoperatividad en el reparto de agua potable, por presuntos actos de corrupción que se cometían por medio del programa de abasto de pipas subsidiadas en las zonas altas de la alcaldía Tlalpan en la pasada administración, la actual alcaldesa, Gabriela Osorio, determinó depurar el padrón y eliminó a beneficiarios, así como a pipas fantasmas, para regularizar el servicio.

Además, se hace una reducción gradual de las cisternas que daban servicio con la baja de 15 unidades, y se tiene considerado retirar del programa a dos agrupaciones completas, lo que implicará el retiro de aproximadamente 100 pipas.

En la actualidad, la alcaldía mantiene un trabajo coordinado con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en busca de mejorar la red hidráulica para reducir la necesidad de la distribución por medio de camiones cisterna.

Para evitar el mal uso del agua potable y su comercialización ilegal, luego de la remoción de personal involucrado en la falsificación de folios en las garzas y cajas de cobro, se tiene previsto sancionar a los piperos que vendan el agua a comercios o actúen fuera de las zonas asignadas.

Las unidades que continúen en el programa de distribución de las zonas altas de la demarcación estarán obligadas a rotular los camiones cisterna con número y la leyenda que diga: “Servicio exclusivo Tlalpan”.

Osorio expuso ante vecinos de la demarcación la situación que ya investiga la Contraloría de la Ciudad de México, ante “el cochinero”, dijo, que le dejó la administración de Alfa González Magallanes.

“Me dejaron corruptelas en muchos lados, pero una en la que dije: ‘si no tienen madre’ es en el agua, que es un derecho y que la gente lo necesita para vivir el día a día; la administración pasada haciendo negocios.”

Detalló que hubo varios servidores públicos que “recibieron su lana porque metían folios, y por eso las pipas a la gente les llegaban un mes después. No porque no se podía o porque no hubiera agua; fue porque hicieron negocio con las pipas de agua”.

Para evitar malos manejos, además de las medidas correctivas que se aplicaron, fue asignado un grupo de servidores públicos, encabezado por el director general del Bienestar, Saúl Magdaleno Giles.