os cambios a la ley de amparo muestran a un poder legislativo seguidor de las preocupaciones del ejecutivo. Tras haber cambiado a las personas que pudieran contrariar proyectos o caprichos de la administración que abiertamente afirma ser la continuación del anterior, ahora modifica la vía legal, el juicio de amparo, donde algún disidente del sistema pudiera insistir en la división de poderes.
Más que de un movimiento político triunfante, sofocar la eficacia de la ley de amparo habla de un sistema temeroso en ser evidenciado en sus malas prácticas legales. El débil asume su posición y cambia las reglas para que no se le pueda exhibir.
Mientras el discurso puede ser modificado sin importar que se contrasten las palabras con los hechos, como sucede con funcionarios opulentos que reclaman un despilfarro pasado que hoy magnifican cínicamente, el registro de las leyes no puede alterarse: el lenguaje de los códigos está a la vista.
Los cambios históricos de la ley de amparo hablan de la trayectoria del país. Desde la disposición en que las mujeres necesitaban el permiso de los esposos para promover un juicio de amparo, hace más de medio siglo, hasta el momento en que ya no fue necesario tener un derecho descrito en la ley para promover un juicio comunitario. Durante décadas, los amparos promovidos por personas con los recursos para el desahogo de pruebas caras y despachos costosos eran un beneficio para el resto de la población. Que las acciones legales de los pudientes beneficiaran a las personas de pobreza extrema era una faceta de la democracia que no se publicitaba por compleja. Los cambios obtenidos durante décadas han sido anulados. Hoy que se legisla desde el miedo oficial de que los proyectos estatales sean detenidos por un solo promovente de amparo, se cambian las leyes para que sólo favorezcan al que tiene las posibilidades de hacerlo. Los amparos de alcances comunitarios ya no están autorizados y permiten a los jueces del bienestar desechar juicios o negar suspensiones con el simple argumento de que podrían favorecer a quien no promovió ese juicio. Los cobros fiscales abusivos o la falta de devolución de impuestos salen de esta forma de defensa. Limitar herramientas democráticas no habla de un estado fuerte, capaz de resistir legal y justamente a una población inconforme, ya sea una comunidad afectada por la indolencia o las malas prácticas estatales o ya sea un ciudadano capaz de actuar dentro de las posibilidades legales.
El estado democrático debe personificarse en gobernantes que actúen dentro de la legalidad y no en medrosos legisladores que se aseguran de quitar las opciones legales para no ser exhibidos como abusivos o imposibilitados para ajustarse a la legalidad democrática. Los llamados internacionales hechos en tal sentido son desatendidos en el discurso unilateral, pero las leyes son una voz objetiva de fácil interpretación: durante décadas la ley de amparo hablaba de un estado preocupado en dar mayores herramientas democrático-defensivas a la población, especialmente la de escasos recursos económico-legales, hoy la ley de amparo habla de un estado preocupado por ser exhibido como arbitrario y que, en lugar de ajustarse a leyes democráticas, opta por deteriorar las vías legales. Ante la mentira de que lo electoral legítima, la ley muestra los verdaderos miedos de quien ordena legislar en su favor, cierto de que ante la ausente oposición legislativa quien dirige y quien obedece pueden permitirse cualquier exceso.
