a policía militar de Río de Janeiro realizó el martes un operativo en la favela Complexo da Penha con el presunto objetivo de impedir la expansión del Comando Vermelho (Comando rojo), considerado el mayor grupo criminal de la ciudad y uno de los más poderosos de Brasil. En el asalto a esa ciudad perdida participaron 2 mil 500 uniformados, respaldados por 32 vehículos blindados, dos helicópteros y un número indeterminado de drones, los cuales se enfrentaron con criminales, algunos fuertemente armados, en las calles y corredores de la favela, poblada por unas 200 mil personas.

En un principio, las fuerzas a cargo del gobernador bolsonarista Cláudio Castro informaron de 64 fallecidos, de los cuales al menos cuatro serían uniformados, así como alrededor de 80 detenidos. Esta cifra ya hacía del operativo el más mortífero en la historia de la ciudad, con el segundo y tercer puestos del macabro podio ocupados por sendas intervenciones policiales ordenadas por el propio Castro en 2021 y 2022. Sin embargo, horas después los vecinos encontraron medio centenar de cadáveres en una zona boscosa ubicada a las afueras de la favela. La Defensoría Pública de la provincia elevó el número de muertes hasta 132, lo que convierte al episodio en la peor masacre de la historia moderna de Brasil. Para encontrar un caso comparable es necesario remontarse hasta 1992, cuando la policía militar de Sao Paulo puso fin a un motín penitenciario ejecutando a 111 reclusos, muchos de ellos sin relación con los desmanes.

Si el número de víctimas es atroz en sí mismo, lo ocurrido ha cobrado dimensiones de verdadero horror al descubrirse marcas de tortura, tiros de gracia, violencia extrema e incluso una decapitación entre los cuerpos abandonados a la intemperie. Tales actos retratan, al mismo tiempo, la histórica y deplorablemente normalizada brutalidad de las corporaciones policiales brasileñas, y el grado de deshumanización al que las han llevado los políticos de ultraderecha en años recientes.

Ante la celebración de la barbarie por parte de poderosos, medios de comunicación y ciudadanos intoxicados por el sadismo punitivista, es imperativo recordar que en un estado de derecho asesinar gente no es señal de avance, sino caída en la barbarie, y que calificar de “éxito” semejante carnicería –como lo hizo el gobernador Castro– denota una degradación moral pavorosa. La tarea de una fuerza policial no consiste en matar, sino en prevenir el delito, identificar al presunto delincuente, detenerlo y presentarlo ante la instancia judicial que decidirá sobre su culpabilidad o inocencia. La fuerza letal debe emplearse únicamente en forma excepcional, cuando está en riesgo inminente la vida de terceros o de los propios agentes.

Asimismo, es preciso comprender que los políticos que recurren al populismo penal (esto es, a usar la violencia de Estado y las penas desproporcionadas para ganar adeptos) no están interesados en acabar con las causas de los fenómenos delictivos, sino en criminalizar la pobreza a fin de desviar la atención tanto de sus propios crímenes y de los delitos de cuello blanco en general, como de la responsabilidad de un modelo económico que exacerba las desigualdades y destruye el tejido social. Esta lógica perversa, representada en México por Felipe Calderón, no deja tras de sí seguridad ni paz social, sino un reguero de víctimas inocentes y comunidades desgarradas que son terreno fértil para más crimen y más crueldad.

En el plano político, la tragedia de Complexo da Penha coloca al presidente Luis Inácio Lula da Silva en una situación comprometida, toda vez que estaría moral e institucionalmente obligado a deslindarse de esa atrocidad y a repudiarla, pero de hacerlo es seguro que enfrentaría una embestida frontal de la poderosa derecha mediática brasileña.

En suma, es preciso condenar la barbarie referida e investigar el papel de las autoridades involucradas –en particular, el de Cláudio Castro–, además de rechazar la falsa dicotomía entre combatir la delincuencia y sancionar la brutalidad policial: condonar la segunda en nombre de la primera no es proteger a las instituciones, sino convertir al Estado en asesino.