Martes 14 de octubre de 2025, p. 35
Ante la preocupación por la violencia, hostigamiento y criminalización en Chiapas, las organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (Espacio OSC) demandaron al gobernador de esa entidad, Eduardo Ramírez, establecer acciones inmediatas “y efectivas” para proteger la integridad de dichos ciudadanos.
Solicitaron a la fiscalía de Chiapas informar sobre el avance de las investigaciones por los delitos cometidos contra defensores y agilizar los procesos judiciales.
También pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitir un informe especial sobre la situación de defensores y reporteros en Chiapas, donde se detallen las quejas presentadas contra funcionarios públicos involucrados en agresiones o violaciones a derechos humanos.
Suman 56 agresiones en al menos 18 meses
Recordaron que entre enero de 2024 y mediados de 2025 se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras en la entidad, incluyendo cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por sus labores.
“Estas agresiones abarcan intimidaciones, difamaciones, actos de vigilancia y ataques armados, como la masacre de Nueva Morelia, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, y las agresiones contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal.
Los perpetradores de delitos han incluido tanto a grupos del crimen organizado como a fuerzas de seguridad estatales”, señalaron en un comunicado.
Recientemente, agregaron, se documentó el allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, lo que volvió a evidenciar el hostigamiento sistemático que enfrenta esta organización, que es un referente clave en la defensa de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables.
Destacaron que el 5 de agosto anterior fue aprehendido arbitrariamente Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana, poco antes de la salida de una caravana migrante. Reprocharon que, pese a la falta de pruebas, se le acusó de delincuencia organizada y tráfico de personas.