Frente al número 102 de la calle Mar Blanco, colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, Gloria Dorador Martínez, de 68 años, permanece bajo una carpa con algunos muebles que le quedaron tras el desalojo del predio de una decena de viviendas donde ha vivido desde hace 47 años.

Colectivos antigentrificación que se movilizaron y la presencia de brigadistas de la Secretaría de Bienestar federal que hacían un recorrido rutinario por la zona y que la conocen, abogaron por ella y lograron evitar que se consumara su desahucio, junto con una de sus hijas con la que vive.

Sin embargo, el resto de sus vecinos no corrió con la misma suerte, pues fueron sacados del inmueble con sus pertenencias durante la mañana del 2 de octubre, sin notificación previa por parte de la actuaria María Elena Burgos Pérez, del juzgado 25 civil, quien no reveló el nombre de la persona que demanda la posesión del inmueble.

Doña Gloria explicó que tras al deceso de la dueña, María de la Luz Leyva, a quien rentaban la vivienda, uno de sus empleados identificado como Mario Carlos Shelley se asumió poseedor del inmueble y cometió varias estafas con ventas fraudulentas de viviendas y locales.

En 2004, su esposo Armando Benigno Ávila Lechuga ganó en primera y luego en segunda instancia un juicio de prescripción positiva a su favor, al haber demostrado la posesión continua y pública de la vivienda, así como evidenciar que Shelley no obtuvo derechos de posesión sobre la propiedad.

Después de ganar el juicio, Ávila enfermó, cayó en coma y falleció en 2016 sin haber continuado el trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Agregó que funcionarios de la Secretaría de Vivienda que instalaron una mesa de trabajo le explicaron que el proceso prescribió, porque tenía una vigencia de 10 años.

Por ahora se analiza la situación legal de la propiedad por parte de las autoridades; Santiago Ávila, su nieto, comentó que se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia por despojo, que incluye a otras cinco personas mencionadas en la carpeta de investigación, así como por abusos cometidos durante el desalojo, como amenazas, robo de bienes e incluso maltrato animal.