México respondió a la solicitud de información que el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) requirió sobre los indicios de que en el país esta práctica es generalizada o sistemática. Sin embargo, el Estado pidió que su informe fuera confidencial, de acuerdo con la base de datos de dicho organismo.

En el marco del 29 periodo de sesiones del Comité, la delegación del Estado mexicano reiteró su postura respecto a que en nuestro país no existe una práctica generalizada ni sistemática de desaparición forzada y aseguró que seguirá colaborando con el órgano de expertos independientes.

“Reconocemos la magnitud del problema y no negamos sus retos, pero también afirmamos con firmeza que el Estado mexicano no consiente, no permite, ni ordena desapariciones forzadas y que seguirá redoblando esfuerzos para erradicarlas”, enfatizó Jennifer Feller Enríquez, directora de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En audiencia pública y en representación del Estado, señaló que se ha dado respuesta “puntual y detallada” a la solicitud de información requerida y destacó que los avances jurídicos, institucionales y forenses, así como las políticas de búsqueda y de atención a víctimas, “acreditan el compromiso del Estado para enfrentar este delito con determinación”.

La gravedad del problema de las desapariciones en México, con más de 133 mil casos, según cifras oficiales, llevó al Comité a invocar en abril pasado el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, que establece que si el CDF recibe información que a su juicio, contenga “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá llevar la cuestión a la Asamblea General de la ONU.

Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de la organización Idheas, puntualizó que la solicitud de confidencialidad del Estado parte, en este caso México, se fundamenta en el reglamento interno del Comité.

Mencionó que no existe antecedente de una petición similar por parte de un país que entrega un informe al CDF, aunque en los casos de “acciones urgentes” puede establecerse que no se haga público “el nombre de la víctima o las respuestas que se otorgan para que no se ponga en riesgo la investigación o búsqueda en un caso”, indicó.

En entrevista, consideró que la postura del gobierno mexicano es “poco autocrítica”, porque las desapariciones forzadas en el país siguen ocurriendo, además de que la solicitud “refleja una actitud que impide el diálogo constructivo”.

En el marco de las sesiones del Comité, diversas organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas hicieron público esta semana un informe que con anterioridad habían entregado al Comité, en el cual advierten que en México “se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones (criminales), como por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno”.

De acuerdo con la Fundación para la Justicia, a partir de ello se tuvo una reunión con autoridades de la SRE y próximamente lo harán con la de Gobernación. La organización indicó que los siguientes pasos del procedimiento del artículo 34 se comunicarán a las partes, y se hará pública la determinación cuando sea oportuno.