El Congreso de la Ciudad de México exhortó al gobierno local a ampliar y fortalecer los servicios de salud mental dirigidos a jóvenes, a fin de garantizar una cobertura integral en todas las alcaldías.

Tras los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur, donde un alumno asesinó a un compañero y agredió a un trabajador, los legisladores pidieron a las secretarías de Gobierno y de Salud, al Instituto de la Juventud, al DIF local y a las 16 alcaldías reforzar la estrategia y garantizar una amplia difusión sobre los servicios a la población, pues la intervención sicológica permite identificar estrategias de prevención y de violencia dentro de los centros educativos.

Refirieron que los factores de agresión en las escuelas no surgen de forma espontánea, sino que son producto de factores individuales, familiares y sociales como el bullying, la exclusión social, familias disfuncionales, abandono, problemas de alud mental y la facilidad para acceder a un arma.

Definen al titular de la Contraloría

Por otra parte, las comisiones unidas de Transparencia y Protección de Datos Personales del Congreso propusieron designar a Nashieli Ramírez Hernández, actual titular de la Comisión de Derechos Humanos, como secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Tras obtener 926 puntos en las cédulas de evaluación, con lo que superó a los aspirantes Misael Martínez y Elena Ramos, Ramírez fue elegida para estar frente a la dependencia por un periodo de seis años, es decir, hasta 2031. Se prevé que el dictamen se discuta ante el pleno el próximo martes.

Entrevistas para la PAOT

Por otra parte, ayer se realizaron las entrevistas a los aspirantes a encabezar la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

En la evaluación participaron Alejandro Cervantes, quien propuso la territorialización de las labores de la PAOT; María de Lourdes Pérez, quien propuso reducir los tiempos de respuesta y aumentar la efectividad de las recomendaciones ambientales; mientras Mónica Alegre propuso realizar una consulta a los pueblos originarios para actualizar los programas de ordenamiento territorial.