La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral realizó ayer la segunda de las audiencias públicas destinadas a escuchar las propuestas y opiniones de ciudadanos y expertos, rumbo a la nueva legislación en la materia. Los ponentes se pronunciaron por nacionalizar el sistema electoral con una concentración de funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el número de diputaciones y hasta eliminar por completo el Senado de la República.

Fernando Vargas Manríquez, asesor en el INE, se presentó ante los integrantes de la comisión con un cartel y una playera con los datos de su hijo desaparecido desde el año pasado. Luego de la entrada en vigor de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, dijo que esta medida “viene a complicar el tema del derecho a la identidad”.

Señaló que, por un lado, existe otra medida de identificación biométrica en el Registro Federal de Electores, el cual, subrayó, “no es patrimonio del Instituto Electoral, sino que es patrimonio de todos los mexicanos”, por lo que propuso que sea el Registro Nacional de Población la instancia que se encargue de esa base de datos y llamó a una reforma de fondo en la que se establezca la obligación de un solo medio de identidad.

Entre las propuestas que puso sobre la mesa para un rediseño institucional, Armando Hernández Cruz, quien estuvo al frente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, urgió a "mejorar la legitimidad de los tribunales electorales”, y sostuvo que “es posible que un sistema electoral le deje al INE todas las facultades que tienen ahora los organismos públicos locales electorales”.

Por su parte, Viet Juan Félix Costa, quien se presenta como integrante del Comité de Morena en Cuba, planteó incluso la eliminación completa del Senado. Argumentó que es una “medida radical, pero necesaria”. También se inclinó por mantener únicamente 25 diputaciones plurinominales y prohibir los partidos apoyados desde el exterior.

A su vez, Moisés Vergara Trejo, quien participó como candidato en el pasado proceso electoral judicial, instó a crear una ley nacional de impugnaciones electorales con un diseño procesal homologado para todo el país.