os muy lamentables hechos denominados huachicol fiscal tienen un potencial destructivo que no se ha calculado aún. Es un daño nacional porque lastima la ya triste imagen del país ante la comunidad internacional, otorgando la razón a Trump quien acusa que el gobierno de México está invadido por el narco, hecho que venimos desmintiendo desde siempre.
En un plazo que debería ser es muy breve obliga a la Presidenta a ejecutar acciones de corrección en varias escalas: al interior de la Secretaría de Marina, donde existe el antecedente único del despido del propio secretario, almirante Mauricio Scheleske y su oficial mayor que era su pariente, por actos de corrupción en la adquisición de armamento y equipo a costos inflados.
Debe recordarse también que en sustitución de Scheleske se repatrió para relevarlo al almirante Luis Carlos Ruano Angulo a quien se tenía desterrado en Perú como agregado militar. En su ejercicio de mando ejecutó una severa limpia. En el caso actual no debe descartarse la idea de sancionar al secretario del gobierno anterior, José Rafael Ojeda Durán.
Otra esfera de difícil ejecución es retirar a los militares de responsabilidades en su gobierno, pudiendo encontrarse con una difícil sustitución pues los servidores públicos pretensos sustitutos, aquellos que AMLO desplazó en el 2018 al inicio de su gobierno, pudieran ya no estar disponibles.
Son muchas las consecuencias que podrían verse en tiempos venideros que se abren en la disyuntiva de que de no actuar con firmeza inmediata se debilitaría su gobierno, de sí hacerlo se fortalecería, ambas con dificultades y ventajas distintas.
La opinión pública espera una especie de renovación en ciertas formas de gobierno, teniendo esto efecto sobre una renovación de las prácticas de enfrentar al delito, que ahora se ha descubierto que también anida en los gobiernos, lo que significa una prueba para su nuevo sistema de justicia.
En otros terrenos, los agudos sistemas de inteligencia del gobierno deberían ya estar detectando los efectos de los acontecimientos sobre los intereses de la delincuencia, ya que los almirantes eran sus cómplices en el delito, y en lo interno de los carteles, ambas partes están siendo sacudidas en sus raíces.
En el terreno comercial de hidrocarburos se afecta la seguridad energética al debilitar el control del Estado sobre la importación y venta de combustibles y distorsionará la disponibilidad y precios de la gasolina, generando prácticas de mercado negro.
Sería incorrecto cerrar esta reflexión sin aludir a quienes tenían la responsabilidad de prevenir caos como éste y no lo hicieron. El primero sin duda, el actual secretario de Marina, pero el tema obliga a ir más allá, ya que el huachicol fiscal se refiere al contrabando técnico o fraude donde participan múltiples organismos como se expone:
Administrativos: Agencia Nacional de Aduanas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Federal de Competencia Económica, y Pemex.
De control y justicia: Fiscalía General de la República y Unidad de Inteligencia Financiera, encargadas de judicializar y congelar cuentas de redes criminales ligadas al huachicol fiscal, Secretaría de Energía y Comisión Reguladora de Energía.
Si hablamos específicamente de organismos de inteligencia, los que hubieran sido responsables de detectar, anticipar y prevenir el huachicol son:
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, actualmente Centro Nacional de Inteligencia, con responsabilidad de recopilar información sobre crimen organizado, corrupción y amenazas a la seguridad nacional. De acuerdo con la Ley de Información e Inteligencia debieron ser monitoreados como riesgos estratégicos.
Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de seguir la ruta del dinero, detectar operaciones sospechosas, lavado y facturación falsa. Debió identificar empresas fachada y triangulación de recursos.
Sección Segunda del E. M. Defensa. Con información sobre movimientos ilícitos en ductos, robo de hidrocarburos y crimen organizado que opera en zonas estratégicas.
Unidad de Inteligencia Naval que vigila operaciones criminales ligadas al comercio ilícito y contrabando, incluidos combustibles en puertos.
Área de Inteligencia de la Guardia Nacional con información sobre redes criminales, transporte de combustible robado y bandas que operaban en carreteras.
SAT- Área de Inteligencia Aduanera. Debió vigilar posible contrabando, subvaluación y redes de importación ilegal de combustible.
Como se dijo anteriormente, estamos en los amaneceres sobre los alcances del caso delictivo huachicol fiscal, que afecta tanto a la Presidencia de la República como sus órganos de gobierno, organismos y entidades federales. Hay mil disyuntivas en el camino: el hacer lo propio en el momento, con todos sus costos, y el no hacerlo, dejando que decida el futuro. México necesita más de una cirugía y como en otros casos quizá sea el acaso el que manda en los tiempos. La duda es si queremos o sabremos leer el mensaje de alarma nacional o preferiremos, como tantas veces, esconder la basura bajo la alfombra.
