El juez federal Mario Martínez Elizondo vinculó a proceso a nueve integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y cinco civiles involucrados por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de combustible procedente de Estados Unidos.

En una audiencia de más de 17 horas que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, el impartidor de justicia consideró válidas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y decretó la vinculación a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para 13 detenidos –ya que una mujer identificada como Perla Elizabeth, verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, Tamaulipas, permanecerá en prisión domiciliaria debido a que está embarazada–; dos mujeres más continuarán encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos, y los hombres en el Cefereso número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

Suprema Corte ratifica destitución

Por otra parte, ayer el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) recibió el expediente del ex juez federal Anuar González Hemadi, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su destitución desde 2019 e inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos por irregularidades en sus funciones.

González Hemadi es uno de 14 detenidos ligados con la red de huachicol fiscal que operaba en Tamaulipas y otras entidades, presuntamente liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna –prófugo–, ambos sobrinos políticos del ex secretario de Marina Rafael Ojeda.

El ex juez fue capturado como representante legal de Mefra Fletes, empresa presuntamente vinculada con esa red criminal dedicada al contrabando y fraude en el comercio de combustibles mediante facturas falsas para evadir impuestos.

Aunque la Corte resolvió este asunto en febrero de 2024, ayer notificó en listas judiciales el envío del expediente al TDJ para actualizar la inhabilitación dictada desde 2019. Esto obedece a que el tribunal sustituyó, desde el 1º de septiembre, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como instancia que atiende responsabilidades administrativas de servidores públicos con funciones jurisdiccionales.

González Hemadi impugnó ante la Suprema Corte la inhabilitación que le impuso el CJF por omisiones patrimoniales, resolver un juicio en el que estaba impedido y otras irregularidades. Entre los casos polémicos por los que se le señaló está el de los llamados Porkys de Costa de Oro, sobre abuso sexual a una menor en 2015.