La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró ayer de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, en Santa María Chi, de Mérida, Yucatán, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización del lodo.

A partir de la clausura se buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, con la elaboración de un estudio de daño ambiental y el seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio, indicó la Profepa en un comunicado.

En atención a denuncias presentadas por organizaciones civiles y por las comunidades mayas desde 2021, la procuraduría indicó que ha hecho visitas de inspección a granjas porcícolas en los municipios yucatecos de Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá.

Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y a la que se le han impuesto medidas correctivas, dijo, al señalar que es una de sus prioridades atender el impacto ambiental de las granjas de cerdos en la península de Yucatán.

Mariana Boy Tamborrell, titular de la procuraduría, comentó: “Este caso es esencial para la Profepa. Conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, que han padecido las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno.

“Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva.”