icen que a las leyes, y agrego a los informes oficiales, hay que analizarlos no sólo por lo que dicen, sino por lo que callan. El apartado relativo al tema que enuncio es exhaustivo en datos sobre acciones realizadas desde y por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Retomo seis elementos. Destacan que el Plan Nacional de Desarrollo incorporó “las voces de 68 pueblos indígenas y afromexicanos y dio lugar a la integración de un eje transversal sobre sus derechos que establece como prioridad nacional una transformación estructural del Estado mexicano, en el que su autonomía y libre determinación sean los principios fundamentales para la ejecución de políticas y programas de gobierno”. Otro aspecto relevante ha sido el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Cnpcia), el cual, por medio de su última actualización, realizada por el INPI, presenta información de 16 mil 114 comunidades pertenecientes a 70 pueblos indígenas y el afromexicano, en 28 entidades federativas y mil 392 municipios, para promover el ejercicio de su libre determinación y autonomía. Asimismo, se constituye como un insumo fundamental para la elaboración de políticas, programas, obras. También se agrega que el 11 de diciembre de 2024, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el INPI, se instaló el Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual es una instancia de coordinación de políticas públicas entre las entidades y dependencias de la administración pública federal.

Por su parte, señalan que continúan los trabajos de institucionalización del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas para que cuente con los canales de diálogo idóneos que representen, de forma plena, la organización comunitaria, bajo los principios de libre determinación y autonomía, para la formulación de propuestas y vigilancia de las políticas, programas y acciones del gobierno de México que inciden en la vida de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Y un aspecto central es el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como titulares del derecho a la libre determinación: “El gobierno de México promueve la creación y consolidación de mecanismos de asignación presupuestal directa, que permitan a estos pueblos y comunidades ejercer sus derechos colectivos, con base en sus propios modelos de desarrollo, sistemas normativos y modelos de gobernanza”. Se refieren al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAIS), que permite la ejecución, administración y ejercicio de recursos públicos de manera autónoma. Para el ejercicio fiscal 2025, al fondo le fueron asignados 12 mil 374.3 millones de pesos destinados al mejoramiento de la infraestructura social básica para promover la disminución del rezago social en estos pueblos y comunidades. Indican que en meses pasados realizaron asambleas comunitarias en las que, conforme a sus sistemas normativos, autoridades y representantes, se elaboraron diagnósticos generales en materia de infraestructura social para cada comunidad, se priorizaron obras y se conformaron comités de administración y vigilancia, mediante mecanismos de participación comunitaria. Nada que ver con sus modelos de desarrollo propios enunciados en el discurso.

Asimismo, el 17 de octubre de 2024 se instaló la Mesa Interinstitucional Agraria para la Atención a los Planes de Justicia y Desarrollo Regional, con el objetivo de analizar la Ley Agraria, identificar los artículos a reformar e integrar el reconocimiento de la relación especial, material y espiritual de los pueblos con la tierra, el territorio y los recursos naturales, así como la propiedad comunal tradicional y la posesión que han detentado históricamente las comunidades indígenas. No anotan que han respetado la contrarreforma salinista al 27 constitucional, por ello dejaron fuera en su reforma reciente el derecho al territorio.

Por último, retoman las instancias convocadas para la elaboración de la propuesta de iniciativa de ley general de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos que “consultarán” a los ausentes “a su manera” los próximos meses. La interrogante central se refiere a las prácticas oficiales de mostrar como “pueblos” y “consultar” a personas indígenas que no tienen tal representatividad. Lo que se calla es lo relativo a megaproyectos y encontramos una perla en el apartado sobre acciones legales para defender el interés público de la Consejería Jurídica de la Presidencia: “Sobre el Tren Maya, se garantizó la continuidad de la operación del proyecto en todos sus tramos al defender con éxito diversos amparos promovidos en contra de su construcción”. También ausente, la situación de violencia y despojo y la impunidad que enfrentan los pueblos realmente existentes en sus luchas de resistencia. Sin palabras.