Huachicol: otro enemigo en casa // Farías Laguna, émulo de Trauwitz // AHMSA-Pasta de Conchos: ¿justicia?
penas unos días después de instalarse en Palacio Nacional, el entonces presidente López Obrador puso en marcha “un plan urgente de combate al huachicol” (robo que, sólo en 2018, para Petróleos Mexicanos representó una pérdida de 60 mil millones de pesos), para lo cual el Ejército y la Marina de inmediato resguardaron 58 instalaciones estratégicas de esa empresa del Estado, al tiempo que el gobierno federal inició “procesos administrativos y penales contra una red interna de funcionarios” involucrados en tal práctica.
El entonces mandatario reseñó el hurto: “El año pasado se robaron diariamente más de 600 pipas, con 15 mil litros de combustible cada una, alrededor de 200 millones de pesos diarios. No estamos hablando sólo del llamado huachicol (la ordeña de ductos), sino también de un plan que tiene vinculación dentro del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas de gasolina al día; si bien no hay elementos que permitan concluir que los ex directivos de la empresa participaban en el robo de combustible, está claro que estaban en conocimiento; de que sabían, sabían; hay la hipótesis de que de todo el robo de combustible, sólo 20 por ciento se da con la ordeña de ductos, era una especie de pantalla, que la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución; hay huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba”.
Algo más denunció: “Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto conocían a detalle las cifras sobre el robo de hidrocarburos, pero no actuaron. Tenían la información, pero no se actuaba. Es muy difícil decir ‘yo no sabía’; las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir, de todos. Omisión”. En efecto, cuando menos sumó 18 años consecutivos el daño patrimonial al Estado mexicano, y no fueron precisamente centavos. Cada uno de ellos presentó su respectivo “plan integral de combate al robo de combustible” y de 2003 a 2018 el resultado fue escalofriante: el número de “tomas clandestinas” se incrementó la friolera de 21 mil 500 por ciento, a pasar de 70 en 2003 a más de 15 mil en 2018.
Y el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza (hoy a la cabeza del Infonavit) detalló que en 2016 el huachicol representó una pérdida de 30 mil millones de pesos; en 2017, de 59 mil millones y en 2018, 66 mil 300 millones. Entre los principales responsables de este saqueo apareció el general Eduardo León Trauwitz, en su momento escolta de Peña Nieto y designado por éste “subdirector de Salvaguarda Estratégica” de Pemex. Se giró orden de captura, pero huyó a Canadá y transcurridos más de siete años se mantiene prófugo, por mucho que, desde 2024, la justicia de ese país autorizó su extradición a México.
El “plan urgente” de AMLO fue exitoso, aunque ciertos personajes “aflojaron” los mecanismos de control y supervisión; alguien “olvidó” estar atento sobre el proceder de algunos elementos del Ejército y la Marina, encargados de combatir el huachicol, especialmente entre los mandos de la segunda de las instituciones armadas. Concretamente, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (sobrino político del ex secretario del ramo en el gobierno de López Obrador, el almirante José Rafael Ojeda Durán), uno de los detenidos por el presunto tráfico ilegal de combustibles de Estados Unidos a México.
Lamentablemente, en el cuento de nunca acabar, una vez más (no se olvide el caso de Eduardo León Trauwitz) del interior de las fuerzas armadas encargadas de “combatir” el huachicol aparece un elemento despreciable, con ramificaciones, que hizo un jugoso negocio con el robo y tráfico de combustibles, por mucho que la Secretaría de Marina “ha presentado al menos cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de almirantes y otros mandos de la administración pasada por la presunta comisión de los delitos de cohecho e irregularidades en el manejo de recursos públicos” ( La Jornada, Gustavo Castillo García).
Las rebanadas del pastel
La presidenta Sheinbaum anuncia que su gobierno “recuperará” Altos Hornos de México y garantizará, “por encima de todo”, los intereses de sus trabajadores, al tiempo que reitera que en el caso de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, “estamos haciendo justicia y no vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero”. Excelente noticia, pero es necesario subrayar que nunca habrá justicia plena si en todo esto no se judicializan a los responsables de la quiebra de la ex paraestatal y la muerte de 65 mineros: Alonso Ancira y Germán Larrea.
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