Georgia. Una gran redada en búsqueda de trabajadores indocumentados acabó con 475 detenidos, en su mayoría sudcoreanos, en una planta de baterías de Hyundai-LG que se está construyendo en el estado sureño de Georgia, indicó ayer Steven Schrank, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Atlanta.

“Esta ha sido una investigación penal de varios meses en la que hemos desarrollado evidencia y realizado entrevistas, recopilado documentos y presentado esa evidencia al tribunal con el fin de obtener una orden judicial de registro”, afirmó Schrank tras asegurar que “esta fue la mayor operación en un solo sitio en el historial de investigaciones de seguridad nacional”.

Consultado en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “eran extranjeros ilegales” y que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) “sólo estaba haciendo su trabajo”.

Un vocero de Hyundai declaró que “entendemos que ninguno de los detenidos es empleado directo de Hyundai Motor Co. Damos prioridad a la seguridad y el bienestar de todos los que trabajan en las instalaciones y cumplimos todas las leyes y normativas allí donde operamos”.

“Las infracciones injustificadas a los derechos e intereses de nuestros ciudadanos y empresas que invierten en la economía de Estados Unidos son inaceptables, incluso en el marco de las medidas de aplicación de la ley de ese país. A través de la embajada de la República de Corea en Estados Unidos, hemos transmitido al gobierno nuestra preocupación y pesar”, expusó Lee Jae-woong, vocero del Ministerio de Exteriores sudcoreano en una rueda de prensa de emergencia.

Juez devuelve protección a haitianos y venezolanos

Edward Chen, juez federal de San Francisco, falló en contra de la administración de Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que otorgaron a más de un millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

El fallo a favor de los demandantes significa que 600 mil venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o estaban a punto de expirar, tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos; además, mantiene las protecciones para unos 500 mil haitianos.