Los mandatarios estatales de todo el país acordaron armonizar con sus leyes locales la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ayer, en Palacio Nacional se celebró la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó la mandataria federal, donde también llamó a los gobernadores a que, una vez que se aprueben las reformas constitucionales para perseguir de oficio la extorsión, homologuen las legislaciones estatales en ese sentido.

“En realidad, los acuerdos que se toman hoy tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado. ¡No es mucho más que eso!”, indicó.

En la sesión, a la que asistieron todos los gobernadores y gobernadoras del país, a excepción de Maru Campos, de Chihuahua, miembros del gabinete de seguridad y otros integrantes del consejo, se convino por unanimidad (37 votos) la armonización de las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública y en materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La jefa del Ejecutivo detalló que la intención es que en cada entidad se apliquen los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad.

“Es decir, que en cada estado haya atención a las causas; inteligencia e investigación; fortalecimiento, en su caso, de las policías estatales, y coordinación con el gobierno federal, con las fiscalías estatales, con los tribunales de justicia. Ahora, con el nuevo Poder Judicial va a ser mejor la coordinación. En realidad los acuerdos tienen que ver con eso: con aterrizar la estrategia nacional a nivel estatal”, explicó.

Los mandatarios locales, incluidos los de oposición, refrendaron su apoyo a la estrategia de la mandataria federal, reconocieron los avances y destacaron la colaboración del gobierno federal para reducir índices delictivos.

En la sesión del consejo se aprobó también el Acuerdo Nacional para Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública, con tres ejes y 16 acciones, y el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con dos ejes y seis acciones.

En torno al primer acuerdo, entre otros de los puntos que los gobiernos estatales deberán cumplir, destaca que para diciembre de 2029 deben incrementar el estado de fuerza de policías estatales y de investigación, así como de los ministerios públicos en las fiscalías locales, además de tener al menos una academia de formación policial certificada por la Federación.

Para el cumplimiento del segundo acuerdo, todas las entidades deberán contar con una Fiscalía Especializada en Investigación y Búsqueda de Personas, el establecimiento de nuevos estándares para los servicios periciales forenses y concluir con el rezago de información en la Base Nacional de Información Genética en el Banco Nacional de Datos Forenses.

Sheinbaum agregó que en los próximos días se espera que el Congreso de la Unión apruebe modificaciones a la Constitución para combatir la extorsión –que va al alza en el país– y se dé pie para una ley general en la materia, la cual también tendrá que ser homologada en los estados, para perseguir de oficio ese delito.

Del fuero común, 96% de delitos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, apuntó que 96 por ciento de los delitos perpetrados en México son del fuero común, por lo que resulta indispensable el fortalecimiento de las policías locales.

“Necesitamos garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de la ciudadanía”, subrayó el funcionario.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la importancia de armonizar la nueva Ley General de Búsqueda con un registro forense adecuado y la participación de los estados.

El fiscal general, Alejandro Gertz, propuso a los gobernadores un proyecto de actividades para resolver el problema de las infracciones diarias en cada una de las comunidades en el país, como parte de los esfuerzos de coordinación.

Horas antes, en la mañanera, la Presidenta señaló que en días pasados recibió a integrantes del Comité Eureka, fundado por doña Rosario Ibarra de Piedra, que demandaba la presentación de las personas desaparecidas por el Estado, “que es distinto a la situación que se vive hoy, que lamentablemente está vinculada a la delincuencia organizada”.