La diputada mixe Martha Aracely Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo, informó que hoy instalará un plantón indefinido en la Fiscalía General de la República (FGR), hasta que le admita la denuncia contra funcionarios y legisladores de Oaxaca que crearon el grupo de WhatsApp Mega Peda y atraiga la carpeta de investigación por el chat Sierra XXX, donde exhibían imágenes de mujeres, incluso de ella misma y de la abogada y activista Sandra Estefana Domínguez.

“No me voy a mover hasta que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el acceso a la justicia”, señaló en conferencia de prensa, donde resaltó que los involucrados en la difusión de las fotografías no han sido sancionados y cuentan con cargos públicos en la administración de Salomón Jara y en el gobierno federal.

Confió en que, a partir del funcionamiento de una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá justicia para las mujeres de Oaxaca.

“No es un favor lo que pedimos (al ministro Hugo Aguilar), estaremos vigilantes de la actuación de la Corte y le pedimos que apoyen a las mujeres indígenas, porque cuando la justicia se niega, se convierte en complicidad con los agresores”, sostuvo.

La legisladora federal resaltó que la FGR se ha negado a indagar los presuntos delitos cometidos por políticos oaxaqueños, lo que se traduce en denegación de la justicia para las mujeres indígenas.

Recordó que en 2020 ella y Sandra Domínguez, víctima de desaparición forzada y feminicidio, denunciaron los dos grupos de WhatsApp; por el de Sierra XXX se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, “la cual increíblemente continúa estancada en la etapa inicial, sin resultados, sin justicia, sin verdad”.

Contó que ella y Domínguez intentaron presentar la denuncia por el grupo Mega Peda, pero se les rechazó con el argumento de insuficiencia de pruebas; refirió que el 10 de marzo pasado volvió a presentar una denuncia por delitos de violación a la intimidad sexual y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y pidió a la FGR atraer el caso, pero la remitieron de nuevo a la fiscalía estatal.

“Lo digo con claridad: esto es un círculo vicioso de impunidad. No sólo hay omisiones técnicas o de trámites administrativos. Hay un patrón sistemático de violencia contra las mujeres indígenas”, señaló.