Hermosillo, Son., Ayer al mediodía, Julio César Chávez Carrasco abandonó el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 de Hermosillo, tras obtener la libertad condicional ordenada por el juez federal Enrique Hernández Miranda. La salida se dio después de varias horas de retraso, pese a que la resolución había sido emitida desde la noche del sábado.

El abogado del boxeador, Rubén Fernández Benítez, confirmó que Chávez Jr ya se encuentra con su familia y deberá apegarse a diversas medidas cautelares, entre ellas no salir del país sin autorización de un juez, mientras enfrenta el proceso penal. “Va a estar con varias restricciones que seguirá puntualmente, lo importante es que ya está con su familia y que su papá (Julio César Chávez) está muy contento con la resolución”, puntualizó el litigante al dar a conocer la liberación.

La resolución judicial fue emitida alrededor de las 21 horas del sábado, cuando el juez Hernández Miranda determinó que el hijo de la leyenda del boxeo podía continuar su proceso en libertad, al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó la necesidad de mantenerlo bajo prisión preventiva. Sin embargo, la salida del penal no se concretó sino hasta el día siguiente, lo que generó reclamos de la defensa por la demora.

De acuerdo con el fallo, Chávez Jr deberá presentarse en la próxima audiencia, el 24 de noviembre, cuando el juez evaluará los avances de la investigación complementaria. En caso de que sea declarado culpable, enfrentaría una pena de entre cuatro y ocho años de prisión.

Durante la audiencia, la FGR presentó 21 datos de prueba contra Julio, entre ellos, escuchas telefónicas en las que se le vincula con Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, jefe de seguridad del cártel de Sinaloa, así como un informe de la DEA que lo señala como sujeto de investigación. También se mencionó el hallazgo de una bata de boxeo con su nombre en una propiedad relacionada con Pérez Salas.

La defensa cuestionó la validez y solidez de esos elementos, al señalar que gran parte provienen de testimonios de interlocutores no identificados y documentos que carecen de valor jurídico en México. Fernández Benítez subrayó que “no existe un solo acto que demuestre participación de mi representado en una conducta penalmente reprobable”, y acusó a la fiscalía de basar su caso en “anécdotas de camaradería más que en pruebas concretas”.