A cinco días de la detención de 13 personas presuntamente relacionadas con la planeación y ejecución del crimen en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sólo ha imputado a una los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, mientras a nueve delitos diferentes al caso, como contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, narcotráfico, posesión indebida de tarjetas de circulación y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Esto, a pesar de que las mismas autoridades señalaron que al menos seis ya contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, las cuales ya se habían cumplido; sin embargo, en las audiencias de control la imputación fue diferente.

El jueves, el viernes y el sábado se realizaron las audiencias de control en contra de 10 de los 13 detenidos, en las que se supo que el Ministerio Público de la FGJ imputó diferentes ilícitos.

En uno de los casos, la fiscalía imputó posesión indebida de tarjetas de circulación a Arturo N, quien este miércoles sostendrá una audiencia de continuación para que sea defina su situación jurídica.

En el caso de Francisco N, El Paco, quien presuntamente tiene nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, además de ser integrante de Los Rodolfos y Los Dilan, sólo fue señalado por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos.

Al lado de Norma N, la situación jurídica de El Paco pasó a manos de la Federación, por lo que será la Fiscalía General de la República la que deberá resolver sobre el plazo de la investigación complementaria.

Hasta ayer, la autoridad capitalina no había dado cuenta de las audiencias en contra de los restantes tres implicados, quienes faltaban de ser consignados ante un juez de control, pues en el Tribunal Superior de Justicia no se tenían en registros la realización de los actos judiciales, mientras en la FGJ señalaron no contar con la información.