Debido a la falta de reglas de operación del recién creado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam), la realización adecuada de diversos trabajos de combate a la pobreza en dichas zonas está en riesgo, advirtió la diputada Aracely Cruz Jiménez (Partido del Trabajo).

En entrevista con La Jornada, la legisladora recordó que en septiembre pasado se aprobó en San Lázaro una reforma al artículo 2º constitucional, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo que, entre otros temas, implica que dichas comunidades accedan a recursos públicos sin intermediarios.

Para llevar esto a la práctica, la presidenta Claudia Sheinbaum creó en enero pasado el Faispiam, con 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Para este año, los recursos del Faispiam equivalen a unos 12 mil millones de pesos que se distribuirán en todo el país y que podrían aumentar en 2026.

Sin embargo, alertó Cruz, existen elementos que obstaculizan la correcta aplicación de esos fondos, entre ellos la falta de reglas de operación del programa con un enfoque de interculturalidad, las cuales tendría que proponer el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y hasta el momento no lo ha hecho.

Entre las consecuencias de esto, dijo, está la “incertidumbre” de a qué comunidades se les pueden otorgar recursos, cómo y ante quién se deben comprobar los gastos de realización de obras y quiénes los van a evaluar y fiscalizar.

En abril pasado, recordó Cruz, se publicó una lista de pueblos beneficiados por el Faispiam, “y para nuestra sorpresa, muchísimas comunidades indígenas habían quedado fuera”, pese a que tenían un claro grado de rezago social y conservaban elementos como su propio idioma, tradiciones y territorio.

Al mismo tiempo, varias colonias de ciudades como Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, sí estaban incluidas en el programa, por tener población indígena, aunque no cumplieran los requisitos culturales ya mencionados.

Otros factores que impiden la ejecución adecuada del Faispiam son la “pulverización” de los recursos, por una inadecuada distribución en municipios que no son indígenas y que la Secretaría de Bienestar muchas veces no toma en cuenta la opinión de las autoridades comunitarias para la ejecución del programa.

La legisladora llamó a que, mientras se definen las reglas generales del programa, por lo menos se aclaren sus lineamientos de aplicación y el monto que tendrá en 2026, para evitar posibles fallas e irregularidades y cumplir mejor “la deuda que tenemos con los pueblos indígenas”.