a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que propondrá una serie de reformas para reforzar el combate a las empresas que emiten facturas por operaciones inexistentes o simuladas para engañar a las autoridades fiscales con el fin de eludir el pago de impuestos. Asimismo, reiteró que por el momento no contempla la posibilidad de crear nuevos gravámenes ni subir los existentes, pues el cierre de espacios de evasión basta para aumentar los ingresos tributarios.

Las declaraciones de la mandataria son respaldadas por datos: en los primeros siete meses de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró un incremento de 7.2 por ciento en la recaudación con respecto al mismo periodo de 2024. Su antecesor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, consiguió mediante auditorías que los grandes contribuyentes (aquellos cuyos ingresos anuales rebasan los mil 500 millones de pesos) pasaran de tributar 500 mil millones de pesos entre 2013 y 2018 a 1.3 billones entre 2019 y el primer semestre de 2024, un salto de 110 por ciento, y en conjunto llevó a un aumento de 3.2 billones en la recaudación, gracias a lo cual se desplegó el mayor gasto en bienestar social en la historia de México.

En cuanto a la descartada reforma fiscal, debe considerarse que factores como el envejecimiento demográfico desaconsejan postergar el debate en torno a un rediseño que sustituya el actual modelo tributario neoliberal por uno progresivo, en el cual paguen más quienes más tienen y se garantice la sostenibilidad de los programas sociales que son pilar del combate a la pobreza y la exclusión. Sin embargo, como señaló la mandataria, de nada sirve crear o aumentar impuestos cuando los gobernantes facilitan la evasión por parte de los dueños de grandes capitales: Ernesto Zedillo (1995), Felipe Calderón (2010) y Peña Nieto (2014) aplicaron incrementos al IVA, y los dos últimos lo hicieron también al impuesto sobre la renta, sin que ello se reflejara en mejoras recaudatorias como las experimentadas desde el sexenio pasado. Lo que es peor, los políticos del prianismo aumentaron la captación tributaria a expensas de las mayorías, pues el IVA es un impuesto claramente regresivo, es decir, que afecta de manera desproporcionada a las personas de menores ingresos.

Aunque en la actualidad el Ejecutivo y el Legislativo trabajan para incrementar la recaudación sin subir impuestos, México todavía padece el sabotaje del Poder Judicial. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación una sentencia de noviembre de 2022 en la cual invalida la inclusión de delitos fiscales en el régimen de delincuencia organizada y prohíbe dictar prisión preventiva oficiosa a las personas acusadas de este ilícito.

El aberrante fallo cercena facultades a las autoridades para actuar contra los evasores y regala a éstos la oportunidad de sustraerse a la acción de la justicia. Dado que la judicialización de los delitos fiscales se dirige de manera casi exclusiva a los grandes contribuyentes, es inocultable que, con su voto favorable, los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Norma Lucía Piña Hernández protegen a una oligarquía rapaz al mismo tiempo que atentan contra decenas de millones de mexicanos al privar al Estado de los haberes tan urgentes en rubros como salud, educación, vivienda, seguridad pública y pensiones.

No puede pasarse por alto que el ponente de este ataque a la nación es Luis María Aguilar Morales, el mismo ministro que atrajo de forma indebida el expediente de una empresa que adeuda más de 25 mil millones de pesos al fisco. Además de violar la jurisprudencia al tomar en sus manos un asunto que debían resolver tribunales colegiados, Aguilar mantuvo el expediente paralizado, con lo que permitió a la compañía privada burlar sus obligaciones y privó al pueblo de México de recursos esenciales. Tanto el ex ministro presidente (2015-2018) como los mencionados arriba pertenecen al bloque conservador que dejará el máximo tribunal dentro de una semana, y cabe esperar que sus remplazantes dejen en el pasado las sentencias obsequiosas con magnates y grandes corporaciones.