La Paz, Méx., La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación contra servidores públicos de este órgano, luego de que Noemí, la madre de Fernandito, acusó públicamente a la policía local, a personal del DIF municipal y del Centro de Justicia, de haberle negado apoyo para recuperar a su hijo quien le fue arrebatado por presuntos prestamistas porque no pagó una deuda de mil pesos y cuyo cuerpo fue hallado días después.

La FGJEM informó que destituyó al agente del Ministerio Público adscrito al territorio de La Paz que cubrió el turno del domingo 3 de agosto, cuando la mujer acudió a solicitar ayuda.

“Fue cesado de sus funciones y enfrentará sus responsabilidades administrativas y penales ante las autoridades correspondientes”, precisó.

También fue separada del cargo una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Género y la FGJEM no descarta proceder en contra de otros funcionarios.

“Se advierte dilación institucional por parte de esta fiscalía, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación del servicio que se le debe brindar a quienes acuden a denunciar cualquier conducta delictiva”, explicó.

Noemí, en días recientes, sostuvo que antes de acudir al Centro de Justicia de Los Reyes La Paz, primero pidió apoyo en el módulo de policía local y luego en las instalaciones del DIF municipal y no fue atendida.

Del caso, se estableció que el pasado 28 de julio Carlos N, Lilia N y Ana Lilia N acudieron a la vivienda de Noemí y le arrebataron a su hijo, advirtiéndole que no se lo entregarían hasta que pagara su deuda. Fue el 4 de agosto cuando la Fiscalía de Género en Ciudad Mujeres, inició una carpeta de investigación.

Ese mismo día, pero por la tarde, agentes de La Paz y la propia madre localizaron el cuerpo del niño en el patio de la casa donde vivían los presuntos responsables del plagio.

La necropsia al menor determinó que Fernando, de cinco años, presentó fracturas en clavícula y costilla, así como lesiones contusas y la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

De igual manera, el dictamen pericial concluyó que el deceso ocurrió con un intervalo de tres a cinco días previos al hallazgo, es decir, entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

Por tal razón, los indiciados fueron imputados por delitos vinculados a la desaparición y secuestro que causa la muerte, por los cuales podrían obtener sentencias de condena de hasta 160 años de prisión.