Miami. Una jueza federal emitió ayer una orden preliminar que detiene la expansión y ordena la reducción de un centro de detención de inmigrantes construido en medio de los Everglades de Florida, conocido como Alcatraz de los caimanes, el cual los activistas afirman que viola las leyes ambientales.

La orden de la jueza de distrito Kathleen Williams formalizó la suspensión que había ordenado hace dos semanas mientras los testigos continuaban declarando en una audiencia para determinar si la obra debía detenerse hasta la resolución final del caso.

El estado de Florida presentó un aviso de apelación.

“Las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral”, dijo el portavoz del gobernador Ron DeSantis, Alex Lanfranconi, en respuesta al fallo de la jueza.

Williams señaló que esperaba una disminución en la población del centro de detención dentro de los próximos 60 días mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso ocurra, se deberán retirar las cercas, iluminación y generadores. Escribió que los demandados estatales y federales no pueden llevar a nadie a la instalación más que aquellos que ya se encuentran detenidos.

La orden preliminar incluye “a aquellos que están en concierto activo o participación con el estado de Florida o los demandados federales o sus funcionarios, agentes y empleados”, escribió la jueza en una orden de 82 páginas.

No se consideraron otras opciones

La juzgadora manifestó que los funcionarios estatales nunca dieron una explicación suficiente de por qué la instalación necesitaba estar en medio de los Everglades. “Lo que es evidente, sin embargo, es que en su apuro por construir el campamento de detención, el estado no consideró ubicaciones alternativas”, señaló.

Puntualizó que su orden daba tiempo a los demandados estatales y federales para reducir gradualmente los trabajos en la instalación, a fin de que pueda someterse a las evaluaciones ambientales requeridas.

El presidente Donald Trump recorrió el lugar el mes pasado y dejó entrever que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, a medida que su gobierno se apresura a expandir la infraestructura necesaria para el aumento de deportaciones.

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado que las obras y operaciones del lugar debían detenerse hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales. Su demanda afirma que el proyecto ponía en riesgo humedales sensibles que son hogar de flora y fauna protegida y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó el fallo como una victoria histórica para los Everglades y los estadunidenses que creen que este ecosistema en peligro debe ser protegido.

El presidente de la comunidad Miccosukee, Talbert Cypress, indicó que esta no es la primera vez que la tribu ha tenido que luchar por su tierra y sus derechos.

“Siempre defenderemos nuestra cultura, nuestra soberanía y a los Everglades”, apuntó.