La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, afirmó que aun con el avance que se dio a conocer en la reducción de la pobreza, falta mucho por hacer en favor de las infancias que sufren más pobreza proporcionalmente al promedio de la población.

“Hay más niñas y niños pobres que personas adultas pobres en todas sus dimensiones: agua, vivienda y educación, entre otras”, y parte de esta situación, dijo, se asocia a una sobrecarga de trabajo de cuidados que realizan sobre todo las mujeres, de allí que el gobierno de la ciudad trabaja en la implementación de una estrategia de reducción de la “pobreza de tiempo”.

Al participar en la inauguración de la jornada nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025, resaltó el proyecto para instalar 300 centros de desarrollo y cuidado infantil, un centenar en Utopías, otra cifra igual de de Casas de las 3 R del Cuidado (reconocer, redistribuir y reducir), con servicios que aminoran la carga del trabajo doméstico, y el resto mediante la constitución de 100 cooperativas de cuidados.

Casas de las 3 R

Invitó a los procuradores a visitar la primera Casa de las 3 R del Cuidado en la colonia Buenos Aires, que lleva el nombre de Ximena Josefina Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, asesinada el 20 de mayo pasado junto con el coordinador de asesores, José Muñoz Vega.

Damián sostuvo que las procuradurías son la primera línea de defensa de las infancias que sufren por desigualdad, violencias y acontecimientos que los ponen en situaciones de vulnerabilidad, para restituirles sus derechos y tengan mejores condiciones de salud, nutrición y desarrollo cognitivo y emocional.

La directora general del DIF de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez, señaló por su parte que las jornadas de capacitación tienen como base la coordinación interinstitucional con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, las fiscalías y los gobiernos locales, la profesionalización del personal y la actualización de protocolos, al abordar temas como la representación jurídica especializada, la supervisión de centros de asistencia social y diagnóstico y canalización de casos, entre otros.