urante la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa 2025 (Southdec) en Buenos Aires, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, alertó que “el Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso, desde puertos hasta el espacio”. El almirante afirmó que la presencia e influencia chinas tienen consecuencias de gran alcance en el Cono Sur, “donde líneas marítimas vitales de comunicación, como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el Partido Comunista Chino para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida”.
También ayer, el Departamento de Estado reiteró que desconoce al gobierno constitucional de Venezuela y ofreció hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena del ministro de Interior, Diosdado Cabello Rondón, por impulsar una “conspiración narcoterrorista” entre el cártel de Los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dos días antes, Washington desplegó tres destructores dotados de misiles guiados frente a las costas venezolanas para encarar “las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos”, acción justificada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, como consecuente con la postura del presidente Donald Trump de “utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país”.
Para redondear la andanada de ataques a la legalidad y reafirmación de la asertividad neocolonial, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que calificó de “amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”. Con esta ronda punitiva, son ya ocho los funcionarios de la CPI que enfrentan la persecución de Washington por atreverse a investigar el genocidio perpetrado por Tel Aviv contra el pueblo palestino y buscar que el primer ministro Benjamin Netanyahu rinda cuentas por sus crímenes contra la humanidad.
Esta breve relación de actos y declaraciones de miembros del gabinete trumpista –todos ellos ocurridos entre el lunes y ayer– constituye una demostración palmaria de la hipocresía, la esquizofrenia, el lenguaje orwelliano, la violencia y el pensamiento transparentemente imperial que caracterizan al trumpismo y, en gran parte, a la clase dominante de la superpotencia. Los señalamientos contra Pekín por el presunto riesgo de que haga todo lo que Washington ha hecho en América Latina por más de siglo y medio rozan el delirio: acusan amenazas al comercio, mientras imponen aranceles arbitrarios a todo el planeta; hablan de soberanía, mientras financian golpes de Estado, instalan bases militares, establecen bloqueos condenados por la comunidad internacional, se arrogan la facultad de nombrar gobiernos, envían buques de guerra y ofrecen recompensas para derrocar a gobernantes que no se pliegan a sus intereses. La misma existencia de un Comando Sur, asignado a controlar Centro y Sur América y el Caribe, demuestra que el único riesgo para la soberanía de la región proviene de Washington y sus aliados locales de derecha y ultraderecha.
Rubio ha llamado “desquiciados” a los manifestantes contra el genocidio en Gaza, y ayer el vicepresidente JD Vance lanzó el mismo epíteto a los militares insatisfechos con que se les use para intimidar a la población civil del Distrito de Columbia. Dicho adjetivo parece el más adecuado para describirlos a ellos dos y a todos sus colegas en el gobierno que demolió la frágil máscara democrática de Estados Unidos y que hoy se tambalea entre el autoritarismo y el totalitarismo de una forma peligrosa para los habitantes de todo el planeta.
