El sector inmobiliario es terreno para la evasión fiscal y el lavado de dinero tanto en México como en Estados Unidos. Aquí, cada año se ocultan alrededor de 34 mil 996 millones de pesos en una industria que ha crecido de manera acelerada para levantar, casi por regla, departamentos de lujo que se quedan vacíos, lo que a su vez genera una distorsión en los precios de mercado, de acuerdo con especialistas e información oficial.

Más allá del quebranto al fisco, que de acuerdo con un estudio solicitado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó 174 mil 980 millones de pesos entre 2018 y 2023, la invasión de torres blancas frente a las playas mexicanas es otra cara de una industria que ya era atractiva para la evasión fiscal, pero se ha vuelto más atractiva y diversa para absorber parte de las ganancias del crimen organizado.

Puerto Vallarta luce como un caso paradigmático. Entre el avance de espacios de renta temporal, como el realizado a través de plataformas de hospedaje, e inmobiliarias sancionadas por servir de fachada para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de inicios de 2021 a la fecha el precio promedio del metro cuadrado en los departamentos de la ciudad litoral se ha disparado 176.6 por ciento, mientras el de casas se ha encarecido 94 por ciento, expone la plataforma Properstar.

El 13 de agosto, el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a fraudes con tiempos compartidos en complejos turísticos de Puerto Vallarta y alrededores. De acuerdo con la orden de bloqueo financiero dictada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles), estas compañías, la mayoría inmobiliarias, además del fraude sirven para lavar dinero del CJNG.

En junio, la misma dependencia señaló a José Raúl Núñez Ríos y a su esposa Sheila Paola Urías Vásquez, de lavar dinero de la organización criminal Los Chapitos mediante una red de empresas, sobre todo inmobiliarias, asentadas en Mazatlán, Sinaloa.

Hay varias razones por las que el sector inmobiliario es uno de los más utilizados por redes criminales para lavar dinero, explicó en entrevista Maribel Vázquez, directora de Grupo 360, especialista en prevención de lavado de dinero y riesgos.

“Primero, las transacciones suelen involucrar montos altos, lo que permite introducir grandes sumas de una sola vez. Segundo, las operaciones pueden simularse con facilidad usando contratos privados, sobrevaluaciones o ventas entre empresas relacionadas, lo que da apariencia de legalidad al dinero. Y tercero, no siempre es sencillo identificar al beneficiario final –es decir, la persona que realmente se queda con la propiedad o con el dinero– cuando se utilizan prestanombres o empresas fachada”, pormenorizó.

Sin límite de precio

Además de las 12 empresas de Jalisco que en su nombre hacen explícito ser parte –o simulan– del sector inmobiliario y fueron listadas por la OFAC, en una situación similar se encuentran cinco de Baja California, tres de Sinaloa, dos de Chihuahua, una de Sonora, una de Puebla y una de Nayarit. Otra más se registró con operaciones en Sonora y Jalisco.

Sinaloa fue el segundo estado con el mayor encarecimiento de vivienda desde julio de 2018, sólo detrás de Baja California. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los precios de los inmuebles en estas entidades aumentaron 32.7 y 33.9 por ciento, respectivamente.

En esos siete años para los que el Inegi tiene una serie comparable, las entidades que siguieron como las de mayor encarecimiento de la vivienda son Ciudad de México, con un avance de 27.4 por ciento; San Luis Potosí (26.4); Jalisco (25.9), y Nayarit (25.1 por ciento). Parte del auge de precios ha sido explicado por expertos como una combinación de menor oferta de vivienda –social y media– y la venta de pequeños departamentos que se usan como inversión para rentar en plataformas como Airbnb.

Vázquez sostuvo que, si bien no es el único factor que encarece la vivienda, la inyección de dinero ilícito al sector inmobiliario puede distorsionar los costos del mercado, sobre todo en zonas turísticas o en ciudades con fuerte presencia de grupos criminales.

“Cuando un comprador usa dinero ilícito, no está condicionado por el precio de mercado ni por su capacidad de crédito, por lo que puede pagar por encima del valor real para cerrar rápido la operación. Esto provoca un ‘efecto arrastre’: otros vendedores elevan sus precios, se distorsiona el mercado y se desplaza a quienes compran de forma legítima”, comentó.

“En lugares como Puerto Vallarta, este fenómeno se agrava si las propiedades adquiridas se dejan vacías o sólo se usan como fachada, reduciendo la oferta efectiva.”

Falla revisión antilavado en Estados Unidos

Sin embargo, los caminos para ocultar ganancias ilícitas tras ladrillos no se quedan en México. El Departamento del Tesoro estadunidense reconoce que en su mercado inmobiliario –uno de los más grandes y rentables de mundo, pues hasta 2023 equivalía a 47 billones de dólares– entre 20 y 30 por ciento de las compras “no están completamente sujetas a los requisitos integrales” de las regulaciones antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

De hecho, en el último año (de abril de 2024 a marzo de 2025) los mexicanos invirtieron 4 mil 400 millones de dólares en el sector inmobiliario de Estados Unidos y casi la mitad de estas compras se pagaron en efectivo, de acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de ese país (bit.ly/3V7eQGO).

“La relativa estabilidad del mercado inmobiliario estadunidense y su reputación histórica como una reserva confiable de valor a largo plazo han atraído tradicionalmente tanto el interés legítimo como a quienes buscan un mecanismo fiable para blanquear dinero”; esto último “puede afectar negativamente los precios de las viviendas, sobre todo porque los actores ilícitos que buscan integrar fondos ilícitos pueden estar dispuestos a pagar de más o de menos por una propiedad”, detalló el Tesoro estadunidense en su Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Dinero 2024.

Desde 2006, a un paso de que estallara la burbuja inmobiliaria que lastró la economía internacional a una crisis financiera en 2008, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, acrónimo en inglés), también una agencia del Tesoro estadunidense, hizo un informe donde analizaba todos los riegos de lavado de dinero asociados al sector inmobiliario y halló un aumento en la denuncia de transacciones de bienes raíces comerciales utilizadas para blanquear capitales y actividades delictivas asociadas, sobre todo en 2003-2004, cuando el mercado aumentó, impulsado por la reducción de las tasas de interés.

Vázquez apuntó que el lavado de dinero en Estados Unidos trató de ser controlado cuando la FinCEN puso en práctica las órdenes geográficas, que obligan a identificar al beneficiario final en operaciones de compraventa en efectivo por encima de ciertos montos, especialmente en condados con alto riesgo de lavado. “Sin embargo, las redes criminales han demostrado que pueden evadir controles usando empresas pantalla, intermediarios, compras fraccionadas o combinando recursos legales con ilegales para pasar inadvertidos”, explicó.

Por esta razón, el señalamiento del Tesoro contra las redes de lavado de dinero vinculadas a los cárteles de la droga mexicanos, como la sanción del 13 de agosto a operadores y prestanombres del CJNG, “tiene relevancia para Estados Unidos, porque estas redes no operan en un solo país”, enfatizó la analista.

“Muchas veces el dinero ilícito que entra a un mercado inmobiliario proviene de actividades del otro lado de la frontera, y las mismas organizaciones que compran en México pueden operar o invertir en Estados Unidos. Por eso, los casos que salen a la luz en un país son señales de alerta para el otro, reforzando la necesidad de cooperación binacional.”