Integrantes de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Personas de Baja California denunciaron que fueron amenazados por su actividad y por señalamientos que hicieron contra la inacción de la Fiscalía General del Estado en Mexicali.

“Acabamos de recibir llamadas, entre insultos y amenazas, desconocemos su origen pero son formas cobardes de amedrentar”, denunciaron ayer.

Soraya Anna y Gonzalo Moreno comenzaron la búsqueda de personas desaparecidas con esa célula desde marzo de 2023, tras la de-saparición de su hijo Kevin durante su segundo día de trabajo en el bar Shots de la capital del estado.

En Querétaro, colectivos de madres buscadoras hicieron un llamado urgente a la no revictimización, a la eliminación de obstáculos burocráticos y a garantizar una búsqueda efectiva y sin fronteras, durante un conversatorio en las instalaciones de la 61 Legislatura del estado.

El colectivo Luciérnagas Buscadoras denunciaron la inoperancia de las autoridades, la falta de coordinación entre entidades federativas y la revictimización sistemática que enfrentan las víctimas y sus familias.

En un ambiente cargado de testimonios y exigencias, reprocharon la omisión de las instituciones encargadas de localizar personas y la aplicación deficiente de las leyes existentes.

Durante el conversatorio, Gabriela Alonso compartió la experiencia de su familia en la búsqueda de su hermano, quien fue localizado sin vida en un Servicio Médico Forense del estado de México. Lamentó que la activación del protocolo de búsqueda se diera tarde, y que sólo tras el cierre de la fiscalía de la Ciudad de México se lograra avanzar en el caso.

Rocío Méndez Chávez, quien lleva siete años buscando a su hija Sofía, evidenció la falta de información, el desinterés de las autoridades y la carga emocional que implica para los familiares asumir tareas que deberían realizar las instituciones encargadas.

Antonia Cabrera, hermana de Ricardo, desaparecido en Nuevo León, denunció el nulo respaldo del gobierno local, el hostigamiento de policías municipales durante las investigaciones y la inacción de la Comisión Nacional de Búsqueda. También advirtió sobre la discriminación que enfrentan personas indígenas y adultos mayores al intentar acceder a las instituciones de justicia.

Los colectivos insistieron en que la crisis de personas desaparecidas en México no puede seguir enfrentándose con indiferencia institucional y burocracia, sino con voluntad política, sensibilidad social y una verdadera perspectiva de derechos humanos.