Puebla, Pue., Concesiones Integrales, empresa encargada del servicio de agua potable en el estado de Puebla, suma 17 meses sin presentar al juzgado quinto de distrito los informes requeridos sobre el saneamiento de aguas residuales en la capital de la entidad, reveló la Colectiva por el Bienestar Social.

A partir de marzo de 2024, dejó de entregar reportes de los muestreos tomados en diferentes plantas tratadoras, ignorando la instrucción judicial que exige rendición de cuentas y adopción de medidas de remediación.

En un video publicado en redes sociales, la agrupación afirmó que entre 2022 y marzo de 2024 Concesiones Integrales entregó 125 informes de laboratorio, resultado de 750 muestreos en las plantas Atoyac sur, Alseseca sur, Barranca del Conde, San Francisco y Parque Ecológico.

Los reportes oficiales exhiben que superan los límites de la NOM-001-SEMARNAT-1996, así como desviaciones del estándar establecido para 2021.

La información detalla que se han detectado grandes concentraciones de compuestos tóxicos y coliformes fecales que rebasan hasta 12 veces el máximo autorizado.

Néstor Espinosa, impulsor de la demanda colectiva contra la concesionaria, subrayó que la resolución del juzgado reconoció la representación de 500 mil usuarios y ordenó a la empresa informar mensualmente y cumplir con las acciones de saneamiento; sin embargo, en los últimos 17 meses no lo ha hecho.

Debido a la persistente omisión, anunció que solicitará formalmente que la autoridad requiera los informes atrasados y que la jueza haga efectivas las sanciones por la omisión.

El abogado recordó que en los datos proporcionados por Concesiones Integrales, el caudal de agua tratada en las cinco plantas descendió de 2 mil 419 litros por segundo en 2019 a mil 328 reportados en marzo de 2024, hecho que confirma insuficiencia y negligencia en su operación. En tanto, Lluvia García Vilchis, integrante de la organización, expuso que mediante solicitudes de acceso a la información quedó evidenciada la reiterada falta de apego a la normatividad.

En 11 inspecciones practicadas por la Comisión Nacional del Agua entre 2014 y 2020 nunca se cumplieron los parámetros oficiales, lo que ha multiplicado riesgos de contaminación y daños a la salud de la población.

“El agua no es una mercancía, es un derecho. La evidencia es contundente: existen incumplimientos, riesgos para la salud y cobros por un servicio deficiente. No aceptaremos excusas. Exigimos cumplimiento hoy, transparencia total y reparación del daño a las familias de Puebla”, planteó la activista.

La Colectiva hizo un llamado a las autoridades regulatorias y judiciales para que se dé celeridad al procesamiento de las sanciones y se actúe ante nuevos actos que sigan propiciando contaminación y focos de infección.

También instó a la ciudadanía a documentar y denunciar estos hechos, difundiendo cualquier información con el hashtag #DemandaColectivaPuebla.