El gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra cárteles de la droga mexicanos, al sancionar a Los Viagras y Cárteles Unidos por su participación en transacciones vinculadas al comercio internacional de drogas. Al mismo tiempo, ofreció recompensas hasta de 26 millones de dólares a quienes den información para arrestar y condenar a cinco de sus integrantes.

Por conducto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro ordenó el bloqueo de las cuentas y activos de empresas vinculadas con Cárteles Unidos y Los Viagras, así como de siete integrantes de ambas organizaciones. Además, les imputa extorsión a agricultores, sobre todo aguacateros de Michoacán, y amenazas a funcionarios estadunidenses dedicados a la supervisión del sector agrícola.

“Las sanciones de hoy llaman aún más la atención sobre las diversas e insidiosas formas en que los cárteles participan en actividades violentas y explotan un comercio que, de otro modo, sería legítimo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Tanto Los Viagras como Cárteles Unidos –una organización paraguas que aglutina a otros grupos criminales– tienen una participación importante en la extorsión a los agricultores y a otros sectores económicos de Michoacán, según el Tesoro. “Los cárteles extorsionan rutinariamente a agricultores, empacadores y otros involucrados en la cosecha y exportación de productos agrícolas como el aguacate, exigiendo pagos a través de sus afiliados”, señaló.

En años recientes funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) han sido amenazados por estos grupos de la delincuencia organizada, lo que ha provocado interrupciones de las exportaciones de aguacate desde Michoacán.

Por lo menos se tiene registro de amenazas en febrero de 2022 y en junio de 2024 a un par de inspectores estadunidenses, quienes fueron retenidos y golpeados por supuestos comuneros, lo que llevó a que el gobierno estadunidense frenara la importación de aguacates mexicanos por alrededor de tres semanas.

“Además, los cárteles con sede en Michoacán participan en la confiscación de tierras, la deforestación y la tala ilegal para cultivar sus propios productos agrícolas, como parte de un esfuerzo más amplio para diversificar sus fuentes de ingresos”, añadió el Tesoro.

Como blanco de las sanciones financieras, la OFAC identificó a tres miembros de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana, El Gordo, fundador y líder histórico de este cártel; Heladio Cisneros Flores, La Sirena, y César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox.

En el caso de Cárteles Unidos, la oficina del Tesoro apuntó hacia Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, jefe de la organización; su colaborador cercano Édgar Valeriano Orozco Cabadas, El Kamoni; Luis Enrique Barragán Chávez, Wicho o R5, involucrado en la extorsión a los productores de aguacate, y Alfonso Fernández Magallón, Poncho, acusado de reclutar a ex militares y policías de Colombia para Cárteles Unidos a fin de enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra cuatro integrantes de Cárteles Unidos y contra Sierra Santana, de Los Viagras.

El propósito es “desmantelar a Cárteles Unidos y llevar a sus líderes ante la justicia por sembrar la muerte y la destrucción entre los ciudadanos estadunidenses”, afirmó la fiscal general estadunidense, Pamela Bondi.

Por información que conduzca al arresto o condena de Farías Álvarez se ofrece una recompensa hasta de 10 millones de dólares; por Fernández Magallón y Sierra Santana (líder de Los Viagras), 5 millones por cada uno, y 3 millones por Barragán Chávez y Orozco Cabadas, también por cada capo.

Los cargos contra los miembros de Cárteles Unidos se desprenden de una investigación que comenzó en un pequeño poblado de Tenesí y condujo al descubrimiento de laboratorios clandestinos de metanfetamina en Michoacán, según lo detallado por el Departamento de Justicia.

La capacidad de producción de metanfetamina de Cárteles Unidos se mide en toneladas por mes y llega a Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City (Misuri), Sacramento, California, Los Ángeles, Denver y Chicago en Estados Unidos, y se extiende a Europa y Australia, de acuerdo con la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Las ganancias se usan para comprar armamento pesado, contratar mercenarios y sobornar a funcionarios locales, señaló el Departamento de Justicia.