Hermosillo, Son., Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) celebraron en el Museo de Arte el tercer Festival por la Vida y el Agua del afluente, una plataforma de denuncia, memoria y organización para expresar el hartazgo de las comunidades afectadas al cumplirse 11 años del derrame tóxico del 6 de agosto de 2014, proveniente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea, que afectó la vida, salud y territorio de más de 22 mil pobladores.

El evento incluyó música, teatro, talleres, fotografía y un firme llamado a que se haga justicia. En un ambiente familiar, víctimas del considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, acompañadas de colectivos, activistas conmemoraron la tragedia y reiteraron su demanda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En su intervención, María Filomena Bonilla Oliva, representante de los CCRS, destacó que la memoria y la lucha siguen vivas: Esta actividad es para exigir la remediación de los daños en la salud, el agua, el aire, porque no se ha remediado nada. A 11 años seguimos igual o peor, ya tenemos estudios que demuestran los efectos en las personas y el medio ambiente, y seguimos sin respuestas.

Durante la jornada, los CCRS reafirmaron su petición a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y demás instancias de derechos humanos para garantizar una reparación integral, colectiva e individual, sin imponer el requisito de nexo causal debido a la continui-dad del daño y la omisión del Es-tado en aplicar medidas de prevención y sanción.

En el Museo de Arte de Sonora, colectivos aseguraron que la mi-na Buenavista del Cobre, responsable del derrame, ha operado por más de 11 años sin un plan de manejo de residuos peligrosos, y sin presentar un informe preventivo para su nueva presa de jales, lo que representa un riesgo constante para las comunidades del norte de la entidad.

Reprocharon la impunidad con la que opera el magnate Germán Larrea la mina de cobre más grande del país, y recordaron que las propias comunidades, a través de recursos legales, han reclamado la implementación de medidas, así como distribución equitativa del agua en la región.

Por lo anterior, los colectivos y organizaciones requirieron al gobierno federal implementar medidas especiales de protección a la niñez, cumplir con la vigilancia de agua en escuelas –como lo ordenó un juez federal–, y garantizar máxima transparencia en la información ambiental relacionada con actividades mineras.