En diciembre de 2024, el juez Carlos Andrés Miranda Verdugo determinó que Gustavo Cruz, uno de los principales involucrados en el tráfico de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cartuchos y municiones para integrantes del cártel de Sinaloa, y relacionado también con el tráfico de personas, enfrente su proceso penal en libertad.

Esta banda que entregaba armamento y también estaba ligada con un miembro de la organización que copiaba los artefactos era encabezada por Iván Guzmán Salazar, refieren constancias del Poder Judicial de la Federación.

El grupo en el que se menciona a Gustavo Cruz es el mismo en el que se señala la participación del boxeador Julio César Chávez Carrasco como integrante de una célula del cártel de Sinaloa.

Las constancias judiciales refieren que Cruz fue vinculado a proceso penal el 17 de diciembre de 2024 y que se inició proceso penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas.

Según las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, también es el intermediario en el cruce ilegal de personas hacia Estados Unidos.

Negocio a gran escala

Desde 2018, la organización había estado comprando municiones en gran escala en Phoenix, Arizona, de donde los llevaba a Tucson y Nogales, Arizona, Estados Unidos, y posteriormente otra persona los recogía para ser llevados a Nogales, Sonora, México.

La célula delictiva estaba encabezada por Martín León Romero, quien, de acuerdo con los documentos judiciales, una vez que tenían físicamente las armas y cartuchos eran ingresados ilegalmente a Nogales, Sonora, y era el propio Martín quien las recibía en la ciudad fronteriza, revisaba la calidad y cantidad de los productos, los rempacaba y los transportaba a través de autobuses para posteriormente ser enviados a Culiacán y entregarse a Iván Archivaldo y otros miembros del cártel de Sinaloa.

El 17 de diciembre, al dictar vinculación a proceso y establecer las medidas cautelares, el juez federal determinó imponer presentación periódica mensual ante la autoridad encargada de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, en Hermosillo, Sonora.