Washington. Una jueza federal bloqueó ayer temporalmente los intentos del gobierno del presidente Donald Trump de expandir las deportaciones rápidas de extranjeros que ingresaron legalmente a Estados Unidos con un permiso condicional humanitario. El fallo podría beneficiar a cientos de miles de personas.

Jia Cobb, jueza federal de distrito en Washington, dictaminó que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) sobrepasó su autoridad legal en los intentos por ampliar la expulsión expedita para muchos migrantes. Expresó que estas personas enfrentan peligros que pesan más que cualquier daño que pudiera derivarse de pausar los planes del gobierno.

El caso plantea una cuestión de juego limpio para quienes huyen de la opresión y la violencia que enfrentan sus países de origen, aseveró la jueza en su orden.

El fallo se aplica para cualquier individuo que no sea ciudadano de Estados Unidos y haya ingresado a través del proceso de permiso condicional en un puerto de entrada. Suspendió las acciones del DHS impugnadas hasta que el caso concluya.

Las deportaciones rápidas permiten a las autoridades de migración expulsar a personas sin que antes un juez evalúe la medida. El permiso condicional humanitario autoriza a alguien que solicita ser admitido ingresar al país sin ser detenido.

Grupos de defensa de migrantes demandaron a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que impugne tres acciones recientes del DHS que expandieron la expulsión expedita. Un aumento de arrestos en tribunales pone de relieve lo mucho que está en juego con la demanda, señalan.

Esther Sung, abogada de los demandantes y directora jurídica de Justice Action Center, organismo sin fines de lucro que lucha por los derechos de los migrantes, aseguró que el fallo era una gran victoria para cientos de miles de extranjeros y sus familias. Indicó que muchos tienen miedo de asistir a audiencias rutinarias de migración por temor a ser arrestados.

Esperamos que esta decisión alivie el miedo, expresó Sung.

Desde mayo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han apostado en los pasillos para arrestar a personas después de que los jueces aceptan las solicitudes del gobierno de desestimar casos de deportación. Luego de ser arrestadas, el gobierno renueva los procedimientos de deportación, pero de acuerdo con las normas de expulsión rápida.

La expulsión expedita fue creada al amparo de una ley de 1996 y se ha utilizado ampliamente para detenidos en la frontera desde 2004. Trump intentó expandir esos poderes a nivel nacional en 2019 para cualquier persona que esté en el país por menos de dos años, pero fue bloqueado en los tribunales.

El ICE ejerció su autoridad expandida con mesura al principio, durante el segundo mandato de Trump, pero desde entonces se ha apoyado en ella para aplicarla enérgicamente en los tribunales de migración y en redadas en lugares de trabajo, según abogados de los demandantes.

En tanto, la Casa Blanca aseguró a través de un comunicado que julio fue otro mes con una reducción de cruces ilegales en la frontera sur, tras registrar sólo 4 mil 598 migrantes irregulares arrestados por la patrulla fronteriza.

Esta cifra representa una caída de 24 por ciento respecto del récord anterior establecido en junio y un promedio de sólo 148 cruces ilegales por día.