Con más de 6 mil ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno, múltiples denuncias por vínculos con paramilitares y una estrategia de seguridad financiada por Estados Unidos que sirvió de modelo para la guerra contra el narcotráfico en México, Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia (2002-2010), acumuló en su carrera política un prontuario que muchos sectores de derechos humanos consideraban impune. Hasta ahora.

Esta semana, la jueza Sandra Heredia lo declaró culpable de soborno a testigos para encubrir su presunta relación con el paramilitarismo, en un fallo que lo convirtió en el primer ex mandatario colombiano condenado por la justicia penal.

La pena correspondiente podría alcanzar hasta nueve años de prisión que el derechista podría cumplir en arresto domiciliario; sus abogados anunciaron que apelarán la decisión.

El caso colocó en el centro del debate el legado de Uribe: su relación con grupos paramilitares, la promoción de los llamados “falsos positivos”, su ofensiva “contrainsurgente” bajo el Plan Colombia, y la posterior exportación de ese modelo a México. Uribe convirtió a Colombia en el mayor receptor de ayuda militar estadunidense en América Latina y Felipe Calderón se declaró “dispuesto a seguir su ejemplo” al promover también una militarización interna sin precedentes. (La Jornada, https://acortar.link/74vbIx)

El caso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda denunció que Uribe había tenido nexos con el paramilitarismo en Antioquia durante los años 90 y en respuesta el político habría ordenado contactar y presionar a ex paramilitares presos para que testificaran en contra del senador y así desacreditarlo.

Juan Guillermo Monsalve, testigo clave e hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, aseguró que los hermanos Álvaro y Santiago fundaron allí el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Miles de civiles fueron asesinados

Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el Bloque Central Bolívar, ese grupo paramilitar aportó en 2002 dinero, logística y seguridad a la campaña presidencial de Uribe, a quien consideraban un aliado clave en “la lucha antisubversiva”.

Durante su mandato impulsó una política de “seguridad democrática” basada en la expansión militar del Estado, la desmovilización parcial de paramilitares y una agresiva campaña contra las guerrillas por medio de incentivos económicos a los soldados que presentaran resultados en combate, una estrategia que derivó en los “falsos positivos”.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, al menos 6 mil 402 civiles fueron asesinados por el ejército y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. Más del 70 por ciento de esos crímenes ocurrieron durante el gobierno de Uribe.

Este sistema fue respaldado por Washington como parte del Plan Colombia para combatir el narcotráfico y las insurgencias, y llevó al Estado colombiano a desarrollar una lógica armamentística que derivó en graves violaciones a los derechos humanos.

México replicó ese modelo con la Iniciativa Mérida en el sexenio de Calderón (2006-2012) y, al igual que en Colombia, las fuerzas de seguridad recibieron financiamiento y capacitación militar estadunidense, mientras aumentaban las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

Un referente mortífero

En 2006, Calderón calificó el modelo de seguridad colombiano como un “referente para la política mexicana”, desplegó al Ejército en las calles y declaró la “guerra contra el narcotráfico” con consecuencias devastadoras: se multiplicaron los asesinatos, los desplazamientos y las denuncias contra las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, afirmó que la sentencia de Uribe es “un ataque contra un patriota” y acusó a los jueces “radicales” de instrumentalizar la justicia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió a Washington abstenerse de intervenir en los asuntos internos de su país. “¿Nos volvimos una colonia?”, preguntó en un acto público, y recordó que decenas de jueces y fiscales colombianos fueron asesinados por su lucha contra el crimen organizado.

El veredicto es una advertencia para otros liderazgos autoritarios en América Latina. “El uribismo puede optar por el conflicto institucional –dijo el periodista Daniel Coronell– deslegitimando tribunales y promoviendo protestas”, al igual que hicieron figuras como Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos. El senador Iván Cepeda declaró: “Nadie puede impunemente mancillar la ley”.

(Con información de Ap y Afp)