a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió que los 14 mexicanos confinados en el centro de detención para migrantes Alcatraz de los caimanes sean deportados de inmediato, de acuerdo con las propias leyes de Estados Unidos. La mandataria explicó que éstas otorgan a los extranjeros sin documentos la facultad de elegir entre una repatriación inmediata al ser detenidos o solicitar su permanencia mediante un procedimiento legal. Asimismo, informó que el gobierno federal da seguimiento a los casos para determinar si los connacionales han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos y, de ser así, apoyar a las familias a fin de que presenten las denuncias correspondientes.
La presencia de migrantes –mexicanos o de otras nacionalidades– en Alcatraz de los caimanes supone una serie de ilegalidades, desde el hecho de que se les retenga sin presentarlos ante un juzgado hasta la negación de su prerrogativa de volver a su lugar de origen. Además, la ubicación de los extranjeros en un centro de detención de jurisdicción estatal es ilegal en sí misma, pues la política migratoria pertenece al ámbito federal. A lo anterior se suman las presumibles violaciones a los derechos humanos que se perpetran en un sitio improvisado sobre una pista de aterrizaje aislada y rodeada de pantanos, el cual fue descrito por legisladores demócratas como abarrotado, insalubre y plagado de insectos, donde los internos enfrentan condiciones perturbadoras y viles.
Para colmo, las irregularidades comienzan desde el momento de la detención, la que muchas veces se lleva a cabo bajo premisas racistas y sin ningún sustento legal. Ha trascendido el caso de Carlos y Alejandro González, hermanos cautivos en Alcatraz de los caimanes, por francos abusos de autoridad. El primero fue arrestado debido a una infracción menor de tránsito, aislado e incomunicado, mientras el segundo fue capturado por preguntar acerca del estatus de su familiar. Ninguno de los dos se encuentra en Estados Unidos en situación migratoria irregular, pues Carlos contaba con un visado de turista vigente, mientras Alejandro está casado con una ciudadana estadunidense.
Sacar a los mexicanos del infame centro de reclusión de los Everglades y ponerlos bajo protección consular es, sin exageración, un asunto de vida o muerte: de las 11 personas que murieron en instalaciones administradas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la primera mitad del año, cinco se encontraban en Florida, lo que habla de la letalidad de la cruzada xenófoba en ese estado gobernado por el ultraderechista Ron DeSantis. Por ello, la sociedad mexicana en conjunto debe respaldar la exigencia de la presidenta Sheinbaum para que los paisanos sean repatriados sin dilación. Los individuos o sectores que se opongan al retorno o se alineen con la política antimigrante de Donald Trump y sus socios no estarán actuando contra la mandataria o el partido gobernante, sino en afrenta a la dignidad nacional y a México mismo.
En cuanto a la actitud de la Casa Blanca, debe señalarse que prevalece la esquizofrenia en una administración que mantiene equipos de trabajo en diálogo permanente con sus pares mexicanos en materia económica, comercial y de seguridad, entre otros ámbitos, pero los sabotea de manera permanente con atropellos y agresiones que afectan no sólo a México, sino también a los intereses estadunidenses.
