El Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Registro Federal de Electores (RFE), es responsable del uso y protección de los datos que los ciudadanos le entregan al solicitar su inscripción –o actualización– en el padrón de electores, por lo que el organismo no puede entregarlos a ninguna instancia. Únicamente, salvo consentimiento del titular, se puede hacer la confronta para verificar que la credencial que se presenta, por ejemplo en un banco, sea auténtica.

El elemento anterior está incluido en el informe que prepara la dirección ejecutiva del RFE para evaluar los posibles impactos de la inclusión de los datos biométricos en la clave única del registro de población (CURP).

Actualmente, el INE tiene el control del padrón electoral que incluye los datos biométricos y personales de casi 100 millones de mexicanos (99 millones 659 mil 448 al corte de la semana pasada), tanto los residentes en el país como en el extranjero (1.7 millones), donde también se puede tramitar la mica (en los consulados).

La credencial es la principal identificación oficial en el país; su información está en una base de datos, la más grande de su tipo, pues alcanza una cobertura cercana al 100 por ciento de todos los adultos: 51.9 por ciento mujeres, 48 por ciento hombres y 323 personas no binarias.

Al tramitar su credencial, el ciudadano firma una leyenda de protección de datos personales donde específicamente se establece la responsabilidad en la materia del INE, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la normatividad aplicable que emite el instituto.

Sólo se permite el comparativo para verificar datos con la finalidad de corroborar que la credencial para votar que se presenta para trámites o servicios sea auténtica, a fin de proteger su identidad y evitar usurpación o robo de dicha identidad y con ello la posible comisión de un ilícito por parte de terceros.

Esta semana, al entrar en vigor diversas reformas, incluida la relativa a la Ley General de Población, para llevar la CURP con biométricos a rango de identificación oficial válida para todos los trámites, sobre todo los gubernamentales, en el INE se colocaron de manera preliminar dos aspectos: el instituto no puede transferir a nadie los datos del padrón y no hay ninguna disposición en ese sentido.

Además, la operación de la CURP y de la credencial para votar no están vinculadas y cada una tiene sus mecanismos de operación independientes, más allá de los convenios vigentes entre el órgano electoral con instituciones públicas y privadas.

De manera simultánea, el INE trabaja en una estrategia de transformación digital que incluye reforzamiento de medidas de seguridad para la credencial de elector.