Buenos Aires., El gobierno argentino anunció que empezará el proceso de privatización de la empresa estatal AySA que provee agua y saneamiento en Buenos Aires y parte de su periferia a unas 11.2 millones de personas.

AySA tiene ahora 6 mil 202 empleados, según datos oficiales. Las autoridades no precisaron si habrán despidos por la privatización.

AySA fue incluida en la denominada ley bases, que se aprobó el año pasado e incluye un paquete de reformas económicas y una lista de empresas estatales que quedaron sujetas a privatización. Varias de ellas ya iniciaron ese proceso.

La privatización de la empresa permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa este viernes.

El proceso incorporará capital privado mediante la transferencia de 90 por ciento de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado, explicó.

Se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional para elegir un nuevo operador para la compañía y en paralelo una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores, añadió Adorni.

Agregó que la propuesta mantiene a los empleados de la empresa como accionistas, con 10 por ciento del capital social de la compañía.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) tiene como antecedente su concesión en 1993 a la compañía francesa Suez y a otros socios menores. En 2006 volvió a pasar a la órbita estatal cuando el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el contrato.

AySA necesitó aportes del tesoro nacional por 13 mil 400 millones de dólares desde su restatización hasta 2023, según Adorni. En 2024 la empresa tuvo superávit por primera vez desde 2007.

La privatización forma parte del programa económico del presidente ultraderechista, Javier Milei, que impulsa un feroz recorte del gasto público y un gran ajuste fiscal. Durante su administración el desempleo alcanzó 7.9 por ciento en el primer trimestre de 2025, respecto a 6.4 del trimestre anterior, mientras muchos sectores, como empleados públicos y jubilados, perdieron poder adquisitivo y han sufrido intensas represiones por parte de las autoridades.