Nueva York y Washington. Los secuestros de inmigrantes por agentes federales enmascarados fueron prohibidos temporalmente en Los Ángeles por un juez federal, pero continúan sin pausa en el resto del país. Mientras, el zar fronterizo insistió en que los oficiales federales pueden actuar contra personas por su apariencia física, lo cual confirma lo que sostienen los críticos: es una ofensiva contra personas no blancas, sobre todo latinos. Todo ello es parte de la incesante escalada de la guerra contra inmigrantes que, sorprendentemente, goza cada vez de menos apoyo de la opinión pública.

Las redadas en ciudades con electorados mayoritariamente anti-Trump, en los campos agrícolas de algunos estados, en estacionamientos de centros comerciales donde hay jornaleros buscando trabajo, en colonias latinas y contra comercios donde laboran inmigrantes, desde restaurantes hasta establecimientos de lavado de autos e incluso contra vendedores ambulantes, así como en escuelas, hospitales e iglesias y alrededor de tribunales de inmigración, siguen logrando su propósito de sembrar el clima de temor que busca el gobierno de Donald Trump.

La ofensiva antimigrante continúa con nuevas medidas y órdenes casi diarias. Esta semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) instruyó que de ahora en adelante a millones de inmigrantes indocumentados detenidos ya no les otorgará libertad bajo fianza, sino que serán encarcelados durante sus procesos, que pueden durar desde meses hasta años, reportó The Washington Post.

Por su parte, el llamado zar fronterizo, Tom Homan, fue claro durante una entrevista en la que aseguró que ICE y la Patrulla Fronteriza no requieren una causa probable para acercarse a alguien y detenerlo brevemente, sino sólo basarse en cómo hablan, el lugar donde se encuentran o su apariencia física. Se supone que en Estados Unidos las autoridades no pueden usar un perfil racial para detener a alguien.

Todo indica que el gobierno de Trump ampliará las deportaciones de inmigrantes detenidos a terceros países (no los de origen de los deportados) y que incluso, de acuerdo con nuevas medidas reportadas por The New York Times y The Washington Post, podrían expulsarlos en seis horas. Esto ha intensificado las preocupaciones de defensores y familiares ya alarmados por el envío de inmigrantes de otros países (sobre todo venezolanos) a una prisión brutal en El Salvador y el traslado de ocho a Sudán del Sur, sin que sus familiares hayan tenido noticia de ellos desde su deportación, el 4 de julio. Según el Times, el gobierno ha preguntado a más de 50 gobiernos del mundo si aceptarían migrantes de otros países deportados de Estados Unidos.

Un grupo de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas señaló que esta práctica podría ser calificada de desapariciones forzadas y violatoria del derecho internacional. Pone miles de vidas en riesgo de persecución y tortura, advirtió la abogada Trina Realmuto, de la National Immigration Litigation Alliance, en entrevista con The Washington Post.

Y mientras el gobierno está acelerando los procesos judiciales contra migrantes, acaba de destituir a otros 15 jueces de inmigración (50 han sido despedidos en los últimos seis meses), reveló National Public Radio.

En las redadas supuestamente destinadas a inmigrantes indocumentados se ha capturado a ciudadanos estadunidenses, inmigrantes con permisos de trabajo y cualquiera que intente oponerse a agentes casi siempre enmascarados y sin identificación personal. Por ello, se han multiplicado las denuncias de violaciones al debido proceso y hasta sospechas de que algunos agentes son contratistas privados que reciben un pago por cada migrante detenido.

Por primera vez, la semana pasada un juez federal emitió un fallo que prohíbe a los agentes federales arrestar a cualquier persona sin tener una sospecha razonable, basándose sólo en su raza, etnia y ocupación, pero esta disposición sólo aplica al distrito de la zona de Los Ángeles. La Casa Blanca informó que impugnará ese fallo.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país, declaró recientemente que su máxima responsabilidad es mantener seguros a los angelinos, pero nunca se me ocurrió que me tendría que preocupar por cómo proteger a los angelinos del gobierno federal, dijo al referirse a las redadas de migración apoyadas por marines y la Guardia Nacional. No obstante, celebró la decisión de un juez federal que frena temporalmente en el distrito de Los Ángeles las detenciones arbitrarias de inmigrantes por agentes federales enmascarados y no identificados sin respetar el debido proceso, que incluye presentación de órdenes judiciales y acceso a abogados. Estas prácticas, señaló Bass, son un asalto a nuestra democracia y advirtió: Lo que empezó en Los Ángeles podría suceder en tu ciudad próximamente.

A pesar de que la gran mayoría de los detenidos (hasta ahora hay más de 57 mil inmigrantes encarcelados) no tienen antecedentes criminales, como ha informado La Jornada, el gobierno de Trump insiste en que está concentrado en los delincuentes y lo peor de lo peor. Y con cada vez más ciudadanos estadunidenses que han sido detenidos por agentes de migración, en lugar de admitir errores, el propio presidente y sus funcionarios amenazan con el arresto y la posible deportación de ciudadanos estadunidenses que se atrevan a desafiar a las autoridades, e incluso desnaturalizar a inmigrantes con ciudadanía estadunidense.

Sin embargo, a pesar de la intensificación de la guerra antimigrante y las escenas espectaculares difundidas por el gobierno para rescatar el país de la “invasión de ilegales”, la opinión pública ahora va en sentido contrario a la narrativa oficial. Una abrumadora mayoría de los estadunidenses (79 por ciento, un récord) opina que la inmigración es algo bueno para el país, según la encuesta más reciente de Gallup sobre el tema difundida el 11 de julio. Sólo 35 por ciento aprueban la política de Trump y 62 la reprueban.

De hecho, la proporción de estadunidenses que favorecen una reducción de la inmigración se ha desplomado casi la mitad, a sólo 30 por ciento, de acuerdo con Gallup.

En esta coyuntura, la película más exitosa del momento en Estados Unidos trata de un periodista inmigrante indocumentado que se convierte en un superhéroe salvando a este país de las fuerzas más oscuras: Superman.