Familiares de víctimas de violaciones a las garantías individuales protestaron ayer después de que el Congreso de Perú aprobó una ley que libera de responsabilidad penal a uniformados y civiles sentenciados o procesados por diversos atropellos, incluidos asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales durante el conflicto armado ocurrido entre 1980 y 2000. Las organizaciones de derechos humanos calculan que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías.