iempre habrá que condenar cualquier gravamen adicional al enorme esfuerzo que realizan los trabajadores migrantes en Estados Unidos, como el impuesto especial al envío de las remesas cuando son en efectivo. Pero eso no debe restar mérito al intenso cabildeo diplomático del gobierno mexicano y un grupo plural de legisladores para reducir el gravamen, primero de 5 a 3.5 por ciento, y finalmente a 1 por ciento, primero en la cámara de representantes y después en el senado estadunidense.

No olvidemos que incluso hubo la amenaza de un sector de la derecha de ese país para llevar el impuesto a un estratosférico y grotesco 15 por ciento. Finalmente, prevalecieron las mentes y las voces más mesuradas, y el impuesto afectará, por supuesto, pero no será letal para los trabajadores, sus familias y sus comunidades de origen.

Se trata de un impuesto de 1 por ciento sobre remesas enviadas al extranjero, pero limitado únicamente a transferencias en efectivo, money orders o cheques de caja. Los expertos coinciden en que el impacto será muy acotado, pues prácticamente 99 por ciento de las remesas se envían por transferencia electrónica.

Para ilustrarlo con cifras, según el Banco de México, en mayo de 2025 las remesas en efectivo y especie representaron apenas 0.7 por ciento del total, y las enviadas por el primer concepto apenas 0.2 por ciento, equivalentes a 180 y 57 millones de dólares, respectivamente. Esto significa que más de 99 por ciento de los recursos no se verán directamente afectados por el nuevo impuesto. Además, éste incentivará la cultura digital, la búsqueda de métodos no tradicionales de envío del dinero, concretamente a través de transferencias, con lo que el impacto negativo se reducirá aún más.

Pero la lucha debe continuar para que el impuesto a las remesas desaparezca completamente el próximo ejercicio fiscal, porque no deja de ser una doble tributación, como han denunciado varios expertos en la materia. Los inmigrantes ya pagan el impuesto al ingreso, el impuesto al consumo y gravámenes por diversos servicios, los cuales, además, no reciben en los mismos términos que los ciudadanos locales.

Específicamente, los trabajadores mexicanos pagan en Estados Unidos impuestos a tasas que van de 10 a 37 por ciento, esto significa que se trata de ingresos que ya fueron gravados con el equivalente al ISR de ese país, por lo que imponerles otro 1 por ciento implica una doble tributación, que implica incumplir con tratados tributarios internacionales. En términos cuantitativos, con datos duros, la comunidad inmigrante ya contribuye con decenas de miles de millones de dólares al año en impuestos. En 2022, por ejemplo, pagó aproximadamente 96.7 mil millones de dólares en gravámenes federales, estatales y locales. No sólo eso. La aportación de la comunidad latina al producto interno bruto estadunidense, sumados pago de impuestos y creación de plusvalía con su trabajo, asciende actualmente a 3.6 billones de dólares. Con esa aportación, si los latinos en ese país fueran una nación serían la quinta economía más grande del mundo, coinciden varias instituciones, con base en datos oficiales, como la Universidad California, Los Ángeles (UCLA).

Sólo entre el pago de impuestos, gasto de alimentación, salud, seguridad social, vivienda y demás necesidades, sin considerar la plusvalía que generan en el proceso productivo, los migrantes con y sin documentación regular que viven y trabajan en Estados Unidos inyectan anualmente a la economía de ese país más de 305 mil millones de dólares, revela el Foro de Remesas de América Latina y el Caribe. Por eso, sin dejar de reconocer el fruto del cabildeo del gobierno y el Congreso mexicanos, así como la sensibilidad de legisladores estadunidenses, es preciso continuar la lucha para que en los siguientes ejercicios fiscales se proscriba todo gravamen al envío de las remesas de los trabajadores migrantes.

Frente al logro de la reducción del impuesto especial a las remesas, hay que deplorar y condenar, como ya lo ha hecho el gobierno mexicano, el incremento exponencial del presupuesto destinado a obstruir y hacer todavía más doloroso el cruce de la frontera con México, y en general la frontera con el subcontinente latinoamericano.

En efecto, el llamado plan fiscal del gobierno de Estados Unidos, ya aprobado la semana pasada, prevé un presupuesto de 170 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, aumentar las deportaciones y ampliar la red de centros de detención migratoria, incluidos nuevos complejos como el conocido Alligator Alcatraz.

Siempre seguiré insistiendo, como he hecho en este mismo espacio de opinión, en que las medidas punitivas, criminalizando la inmigración, no son una solución de fondo, y ni siquiera una solución a corto plazo, al desafío de la migración en el mundo.

La cooperación entre los pueblos, regulando los flujos y dando certeza jurídica a quienes ya aportan su productiva fuerza de trabajo, la tantas veces anunciada y siempre postergada reforma migratoria en Estados Unidos, con el respeto a los derechos humanos, laborales y sociales de los migrantes como premisa, sería una fórmula de ganar-ganar en ambos lados de la frontera.