La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisará la metodología creada por el Instituto Nacional Electoral (INE) con la cual bajó a 45 ganadores de la pasada elección judicial. Otra persona también fue declarada no elegible por estar en prisión preventiva acusada de abuso sexual a un menor de edad.

Por su carácter inédito, definir la manera de evaluar los promedios académicos señalados en la Constitución llevó a los especialistas del INE casi 20 días de trabajo y debates internos. Por ello tanto en el instituto como en el TEPJF, los involucrados anticipan una larga discusión en la sala superior donde hasta anoche se tenían registradas 307 impugnaciones.

El recurso más reciente, el juicio de inconformidad 307, fue interpuesto por una candidata precisamente contra los acuerdos del INE del pasado jueves, cuando fue emitida la sumatoria de la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito, y se asignó a quienes obtuvieron el mayor número de votos, en forma paritaria, y que ocuparán los cargos de esas categorías.

Una de las discusiones dentro del INE fue sobre los alcances del artículo constitucional que marca este tema, el cual –se advirtió– tiene deficiencias gramaticales que dificultaron su aplicación. Este apartado señala a la letra: “Para ser electo (…) se necesita contar con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en materias relacionadas con el cargo que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado (sic)”.

Promedios insuficientes

La mayoría de los 45 candidatos ganadores que fueron bajados por el INE por carecer del promedio académico mínimo establecido en la Constitución, tienen 15 años o más de experiencia en el Poder Judicial.

Según los datos divulgados en sus redes sociales y/o en los currículos entregados al instituto en tiempo de campaña, es decir, después de su registro avalado por los comités de evaluación (uno por cada Poder de la Unión), casi todos tienen amplia experiencia en la especialidad para la cual se postularon, pero por algunas décimas –y hasta centésimas– no acreditaron los promedios señalados.

El problema para el INE se originó porque su dirección jurídica dio como bueno el requisito para algunos que estaban cerca de 8.0, pero el Consejo General concluyó que esto no es posible y tendría que revisar de nuevo todos los historiales académicos.

Ahí llegó otra dificultad, porque algunos expedientes sólo tenían copia del título universitario, pero no de la tira de materias, y fue necesario pedir los documentos.

Una vez concluido este paso, que implicó la revisión de 14 mil 500 documentos, según informó la Secretaría Ejecutiva del INE, se determinó la metodología: para los tribunales mixtos fueron seleccionadas dos materias claves, mientras en los especializados se eligieron entre tres y cinco, todas con las mejores calificaciones.

No se consideraron materias como amparo, constitucional o derechos humanos, en atención a una sentencia del TEPJF; además, las personas juzgadoras en funciones quedaron exentas del criterio de promedio.

El debate será de tal magnitud –por la variedad de criterios– que cuando el pasado 4 de mayo las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores pidieron al INE no incluir en las boletas a ciertos candidatos, ocho por motivo de promedio académico en licenciatura, sólo un nombre coincidió con la lista que finalmente aprobó el INE esta semana. Se trata de un candidato con 20 años de experiencia en el Poder Judicial –en el área para la cual se postuló, penal– y con maestría, pero con promedio de 7.93 en licenciatura.