Jipis, metaleros y punks fueron espiados por la policía durante décadas en Argentina. Así lo documenta Hay que saltar, hay que saltar, miniserie universitaria que prueba el espionaje al rock con filmaciones y archivos desclasificados.

El documental, de cuatro episodios y disponible de forma gratuita en youtube.com/UNQtv, difunde información de al menos tres décadas de archivos de espionaje policial al rock hecho en Argentina. Su título hace referencia a un canto que se empezó a escuchar en partidos de futbol y conciertos al final de la última dictadura: “Hay que saltar / hay que saltar / El que no salta / es militar”.

Los archivos que incluye el documental forman parte de la comisión nacional por la memoria y dan constancia empírica del espionaje al rock argentino. Un texto de la comisión, titulado De lo privado a lo público, da cuenta del interés policial en las subculturas asociadas con la música: Jipies, melenudos, rockeros, punks, skin heads, metaleros violentos, ¿seguidores, tribus, fans, bandas o barras? ¿Cómo visten? ¿Qué drogas consumen? ¿Qué música escuchan? ¿Por qué la escuchan? ¿Cuál es el mensaje oculto de sus letras? ¿Cuál es su relación con la política? ¿Qué peligros encierran las multitudes? Definiciones y preguntas que durante más de 30 años los agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia de la Policía en la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) intentaron responder. Para eso sacaron fotos, ficharon, espiaron, hicieron informes de inteligencia, filmaron y fundamentalmente vigilaron a la multitud.

Vigilancia a la cultura

La cantidad de material que nutre el documental permite trazar una línea histórica del espionaje a la actividad musical en Argentina.

En los años 70, una redada al concierto del grupo Almendra en el estadio Obras terminó con una buena porción del público detenida para averiguación de antecedentes. En los 80, los integrantes de la banda punk Los Violadores (de la ley) fueron investigados por posesión de un polvo blanco que resultó ser una sustancia altamente tóxica que se usaba para generar humo arriba del escenario. Y en los 90 también espiaron la relación entre determinados grupos y organizaciones sociales y de derechos humanos; tal fue el caso de las pioneras del rap Actitud María Marta.

Durante la dictadura, el espionaje bonaerense buscó una conexión entre el rock y la militancia política, a pesar de que no siempre estaban conectados. En los 80 se hablaba de primavera democrática, pero la institución policial distaba mucho de una renovación. Y en los 90, los espías miraron azorados cómo el rock con reivindicaciones sociales se masificaba; pusieron el foco en los hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad y formaron grupos musicales.

Los archivos se hicieron públicos en 1999 y hoy son parte de una institución pública que las analizó y divulgó. Miles de páginas detallan las investigaciones de los servicios de inteligencia en argentina enfocadas en los músicos. La información está detallada en una carpeta rotulada Grupos musicales sospechosos.

Asociaciones como Correpi (Coordinadora contra la represión policial) denunciaron el autoritarismo y abuso de su época, impunidad aún mayor en barrios marginados.

Según los archivos, los espías buscaron información sobre las actividades de Correpi y otras organizaciones simulando ser periodistas.

En otros informes, los motivos del espionaje ilegal sobre movimientos musicales parecen más difusos. El periodista Juan Ignacio Provéndola cuenta en el documental que los escritos parecen buscar la peligrosidad de las tribus urbanas para justificar el trabajo que realizaban. En los textos destaca el frío lenguaje de los informes oficiales sobre los movimientos musicales, mezclado con observaciones banales que mostraban una incomprensión casi total.

En algunos casos, los espías lograban infiltrarse correctamente en conciertos y pasar desapercibidos hasta que lo consideraban necesario. En otros, su presencia resultaba notablemente visible y con intenciones intimidatorias, como una cámara de video apostada no muy lejos de una manifestación.

Músicos como Pato Strunz, baterista entonces del grupo metalero Malón, comprobaron que su banda estaba en los archivos de inteligencia a partir de la difusión de Hay que saltar.

El asesinato el 26 de abril de 1991 de Walter Bulacio, un joven sin boleto capturado por la policía al intentar ingresar a un concierto del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, terminó de dar forma masiva y juvenil al reclamo contra la violencia de la DIPBA.

Una de las videograbaciones de los espías en Hay que saltar exhibe el tipo de consignas de los inconformes: No al ajuste, no a la represión y no al gatillo fácil, expresión asignada al homicidio en manos de un policía. Se trata de la filmación de un recital de la Correpi en 1996, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, en la que 8 mil personas cantaron contra el gobernador, mientras se escucha que los espías intentan ubicar a las madres y familiares de jóvenes asesinados presentes en el concierto.

Sospechosos en dictadura y en democracia

En Hay que saltar confluyen elementos detestados por el presidente Milei: es un logro de una industria audiovisual castigada, realizada por una institución pública de educación superior, la Universidad de Quilmes, que cuenta con el testimonio de docentes con formación rockera y con la participación clave de un organismo del Estado que preservó tal cantidad de material escrito y filmado, que permite reconstruir el interés en espiar la cultura tanto en la dictadura como en la democracia.

El entrevistador y narrador es Ruso Verea, conductor de uno de los programas de radio pioneros del metal en Argentina, la Heavy Rock & Pop.

Las historias de infiltración policial en conciertos suelen ser mitos hasta que dejan de serlo; el documental Hay que saltar desmitifica con la fría certeza que otorga el material desclasificado.