Grupos de buscadores que decidieron no atender las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (SG) para nutrir la reforma a leyes en materia de desaparición forzada de la presidenta Claudia Sheinbaum ahora piden al Congreso de la Unión un parlamento abierto, dado su rechazo a las modificaciones.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el Contingente contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ y la Unión y Red Nacional de Búsqueda, que sí participaron en las mesas de trabajo, destacaron que su labor en éstas fue parte de un proceso de diálogo, escucha y construcción conjunta, pero no agota el universo de familias y procesos organizativos de las víctimas.

Nuestra participación no implica un acuerdo absoluto con lo que se plantea en la nueva propuesta, afirmaron. En ningún momento, enfatizaron, buscaron que su voz represente a todas las familias buscadoras del país que se organizan de distintas formas. El Estado, añadieron, tiene la obligación de garantizar para todas un proceso de escucha y hacerlas partícipes en la creación de mecanismos.

El lunes pasado, la SG difundió los resultados de los foros con 450 colectivos, con mil 42 asistentes, para mejorar la iniciativa de la Presidenta, y anunció que enviará al Senado 30 propuestas consensuadas en las mesas.

Por separado, 178 familiares se manifestaron ayer contra la iniciativa, entre ellos Ana Enamorado, de la Red Regional de Familias Migrantes; Ana Lucía Lagunes, quien busca a su hermano Ricardo, desaparecido en 2023, y Jorge Verástegui, hermano de Antonio y tío de Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, y más de una treintena de colectivos, los cuales consideraron que la propuesta de reforma no atiende la crisis.

Señalaron que el objetivo es imponer un sistema de vigilancia masiva, la Plataforma Única de Identidad, que no sirve para buscar a desaparecidos y puede ser peligroso para la seguridad de los mexicanos.