Washington. De los 59 mil migrantes que permanecen privados de la libertad en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al menos 47 por ciento no tienen antecedentes penales y menos de 30 por ciento han sido condenados por delitos, señaló CBS News; mientras, la administración del presidente Donald Trump solicitó ayer a la Suprema Corte que permita la deportación de varios migrantes a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra donde los migrantes no tienen vínculo alguno.

Según datos internos que obtuvo la cadena estadunidense, las camas en los centros de detención del ICE se encuentran a 140 por ciento de su capacidad, luego de que el Congreso asignó 41 mil 500 para los arrestados. Además, según datos históricos que recopiló el Proyecto Marshall, la cifra de casi 60 mil detenidos es la más alta en la historia de la detención de migrantes en Estados Unidos.

El medio estadunidense añadió que el ICE promedia alrededor de mil 200 arrestos diarios en lo que va de junio, lo que duplica el promedio de 660 cada día durante los tres primeros meses del mandato de Trump, aunque las cifras aún están muy por debajo de los 3 mil arrestos que la agencia debería realizar diariamente, según el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller.

En tanto, la administración Trump presentó una moción para deportar a migrantes a Sudán del Sur, un día después de que los jueces permitieron a los funcionarios de inmigración reiniciar las expulsiones rápidas a terceros países al poner en pausa una orden de un tribunal inferior, que permitió a los migrantes impugnar las expulsiones con el argumento de que las naciones de destino pueden poner sus vidas en riesgo.

El juez Brian Murphy, de Boston, determinó que el vuelo de deportación desviado a Yibuti en mayo no podía reanudar inmediatamente su camino hacia Sudán del Sur. Aunque reconoció la decisión de la Suprema Corte de pausar su orden ampliada, aclaró que su fallo sobre ese vuelo permanecía vigente. Reconoció que los migrantes aún deben tener la oportunidad de argumentar ante la corte que estarían en peligro de tortura si se les envía allí.

El gobierno de Trump respondió en un documento judicial que la decisión del magistrado es un acto ilegal de desacato, que una vez más perturba relaciones diplomáticas delicadas y frena los esfuerzos jurídicos del presidente para llevar a cabo las expulsiones a terceros países.

Los defensores de los migrantes aseguran que podrían enfrentar encarcelamiento, tortura e incluso la muerte si son enviados a Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo y uno de los más pobres, que además ha soportado oleadas de violencia desde que obtuvo la independencia de Sudán, en 2011.

Por otra parte, la Oficina Federal de Investigaciones planea reasignar miles de agentes del control de migración para enfocarse en amenazas cibernéticas y esfuerzos antiterroristas, informaron a ABC News fuentes familiarizadas con el asunto. El cambio fue motivado en parte por los ataques estadunidenses contra Irán el fin de semana pasado.