El Comité de Evaluación del Poder Legislativo dijo al Instituto Nacional Electoral (INE) que los aspirantes de la elección judicial avalados en esta instancia sí cumplen con el requisito académico marcado por la Constitución.

Fuentes del órgano electoral señalaron que ese comité envió un escrito en el que afirma que hizo su trabajo con rigor, y se establecieron lineamientos para el posterior análisis que haría el INE, sobre todo relacionado con la equivalencia de materias para cada especialidad de competencia de los candidatos a magistrados de circuito y jueces de distrito.

La Constitución señala textualmente al respecto: ...haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

La notificación del comité fue entregada a los 11 consejeros y a la Secretaría Ejecutiva del instituto, al tiempo que ayer se revisaban los expedientes de cada uno de los 464 ganadores a magistrados de circuito y los 386 a jueces de distrito.

El legislativo es uno de los tres comités de los Poderes de la Unión que presentaron y evaluaron aspirantes y, debido a que los integrantes del comité judicial renunciaron, ese trabajo lo completó el Senado.

Según las fuentes consultadas, los dichos del comité legislativo sorprenden al afirmar que había una metodología dispuesta para la revisión del INE, por ejemplo, de equiparar la materia de derechos humanos con nomenclaturas como garantías individuales.

La información circula frente a versiones de que tras la revisión que realizan especialistas del INE se han hallado decenas de casos, en su mayoría en la elección de juzgadores de distrito, que no cumplirían con el promedio mínimo de nueve en las materias de especialidad.

Las áreas para juzgados de distrito incluyen administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; administrativa y del trabajo, y amparo civil; entre otros.

La reforma constitucional en materia judicial excluyó al INE de revisar los expedientes de los aspirantes a ser jueces, magistrados o ministros, pero al mismo tiempo le ordenó hacerlo luego de la elección; es decir, como paso previo a la entrega de constancias de mayoría.

Esa situación sin precedente tiene en este momento al INE en una encrucijada, en especial para generar un método válido –al menos consensuado– para definir si un ganador tiene o no nueve de promedio en las materias de la especialidad a la que se postuló.

El problema es que cada universidad cuenta con un programa de estudios distinto y no existe metodología para este fin; menos aún, parámetros definidos en la reforma constitucional judicial.

Durante el proceso de preparación de los comicios y tras la jornada electoral, se pensaba que el tema polémico hacia la declaración de validez –el aval de cumplimiento de requisitos que hacen elegible a una persona y la expedición de constancias de mayoría– sería la paridad y los hallazgos de candidatos con denuncias de actos violentos, morosidad de pensión alimenticia o prófugos de la justicia. Sin embargo, la crisis devino por la revisión de expedientes para confirmar los promedios académicos.