La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció claramente en contra de cualquier forma de censura a la libertad de expresión. En referencia a las pretensiones de los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta y de Campeche, Layda Sansores, dijo: nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre. Entonces, no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura.

Aunque fue cautelosa, al ser interrogada sobre la reforma promovida por el mandatario morenista para sancionar críticas en redes sociales, expresó su discrepancia contra cualquier intento de censurar la libertad de expresión.

Más adelante, se le preguntó sobre el proceso legal en contra del periodista Jorge Luis González, del diario Tribuna, promovido por la gobernadora de Campeche, y Sheinbaum dijo desconocer detalles sobre el caso, pero cualquier cosa que tenga que ver con la censura estamos en contra, que quede perfectamente claro.

–¿Está garantizada la libertad de expresión en México?

–Está garantizada la libertad de expresión, y las y los gobernadores deben garantizarla.

–¿Le haría un llamado a Layda Sansores para que...

–Necesito ver exactamente cuál es el tema en Campeche, enterarme bien, pero todo lo que tenga que ver con coartar la libertad de expresión no debe ser castigado, y menos penalmente, respondió la mandataria durante su conferencia.

En este contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos retomó el llamado de la presidenta Sheinbaum para garantizar la libertad de expresión en todo el país, incluyendo la revisión de marcos legales que posibilitan su criminalización, como los delitos contra el honor.

Proteger este derecho es clave para una sociedad democrática y respetuosa de derechos humanos, afirmó en redes sociales.

A su vez, Amnistía Internacional (AI) México advirtió que las reformas al Código Penal en materia de ciberseguridad en Puebla, aprobadas el 12 de junio pasado, podrían afectar gravemente la libertad de expresión, ya que delitos como el ciberasedio, espionaje digital y usurpación de identidad están redactados de forma ambigua.

El organismo subrayó que podrían ser usados arbitrariamente contra periodistas, activistas y ciudadanía que disiente. Lejos de proteger derechos, estas reformas los ponen en riesgo.

(Con información de Jessica Xantomila y Jared Laureles)