El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica en la que se propone endurecer las sanciones a los llamados franeleros con 36 horas de arresto inconmutables y poner fin al uso irregular de la vía pública.

De esta manera, se establece dicha pena a quienes coaccionen, exijan o intimiden a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar o lavar vehículos, así como aquellos que aparten con cualquier objeto lugares o impidan el uso de la vía pública para usarlos como estacionamiento.

Lo anterior, independientemente de los delitos en que puedan derivar dichas conductas como amenazas, lesiones, robo o extorsión, que de darse el caso deberán ser investigadas por la Fiscalía General de Justicia de la ciudad.

Aunque la sanción de 36 horas de arresto ya se encuentra establecida en la Ley de Cultura Cívica, la consejera Jurídica y de Servicios Legales capitalina, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que se endurece, ya que actualmente se puede conmutar pagando una multa de mil 500 pesos o trabajo comunitario, lo cual ya no podrá ocurrir.

La reforma, dijo por su lado la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, irá acompañada de una política pública de atención integral a los franeleros para apoyarlos a obtener un empleo formal o iniciar un emprendimiento.

Por tal motivo, agregó, se trabaja en la realización de un censo para conocer de manera exacta cuántas personas y organizaciones se dedican a dicha actividad, que permitirá diseñar la estrategia para dar otras opciones a esas personas consideradas como trabajadores no asalariados.

También, se desplegará una campaña sobre el respeto al espacio público en la que se explicarán las conductas prohibidas, sanciones y sobre todo dar herramientas a la ciudadanía para ejercer y defender su derecho a una ciudad ordenada, habitable y segura, denunciando cuando se esté cometiendo una infracción cívica o delito.

Aclaró que no se trata de erradicar ni criminalizar a los franeleros, sino que realicen su actividad de manera pacífica y sin violentar la ley, especialmente en calles ubicadas en las inmediaciones de hospitales, parques, plazas, escuelas, oficinas de gobierno, entre otras.

En ese sentido, explicó que no habrá operativos específicos, sino tener un diálogo con esas personas, por lo que la policía actuará de oficio, por flagrancia o denuncias ciudadanas.

Sin embargo, precisó que no todos los casos son iguales, pues también hay personas que se dedican a esta tarea que han sido excluidas del empleo formal o enfrentan condiciones estructurales de pobreza, desigualdad o precariedad.

La propuesta de reforma, que se preveía enviar ayer mismo al Congreso capitalino, adiciona una fracción al artículo tercero, en la que se conceptualiza la vía pública como todo el espacio que en el uso común se destina al tránsito de personas, peatones y vehículos; así como la prestación de servicios públicos e instalación de este tipo de infraestructura o mobiliario, que afecte el tránsito en la lógica vehicular, particularmente.